Luego de un intenso debate que se prolongó por más de seis horas, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó la noche del martes, en su estación en grande, el Proyecto de Ley N° 030/2023-2024 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 e inició su consideración en su estación en detalle.
El ministro de Economía y Fianzas Públicas, Marcelo Montenegro, defendió el proyecto de ley que establece un presupuesto agregado de Bs 340.318 millones; y un presupuesto consolidado de Bs 265.558 millones para la próxima gestión.
“Consideramos que con este presupuesto la economía boliviana va a tener la oportunidad de seguir registrando estabilidad de precios, crecimiento y redistribución de ingresos”, afirmó el ministro en el pleno.
Para el 2024, se programó una inversión pública por $us 4.274 millones, de ese monto se destinará cerca del 56% para proyectos de industrialización para fomentar el sector productivo para diversificar la economía.
El PGE 2024 proyecta una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,71%; una inflación del 3,60%; y un resultado fiscal de -7,80%.
Garantiza el pago de los bonos y asigna un monto de Bs 6.259 millones para mantener las políticas sociales como la Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto, el Bono Juana Azurduy, el Subsidio Universal Prenatal y el Bono Mensual para personas con discapacidad.
Con el objetivo de preservar la estabilidad de precios y cuidar la economía familiar se garantiza un presupuesto de Bs 10.503 millones para mantener la subvención a los carburantes como diésel, gasolina, GLP, además de los alimentos como maíz, trigo y arroz.
En cuanto el presupuesto asignado para sueldos y salarios, el 54% está dirigido para Salud y Educación, con Bs 26.000 millones, un reflejo de la prioridad que se le da a estos dos sectores. El Presupuesto General del Estado Consolidado 2024, asigna el 10,8% a educación, y 10,1% a salud; y solo el 1,7% se dirige a Defensa y el 2,1% a Gobierno.
El Proyecto del PGE 2024 tiene como objetivos mantener la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas; profundizar la industrialización con sustitución de importaciones; mejorar y fortalecer el aparato productivo; consolidar el acceso universal y gratuito a la salud y a la educación; y continuar con las políticas de redistribución del ingreso para disminuir la pobreza.