El presidente del Estado, Rodrigo Paz, informó que la próxima semana enviará a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley para ratificar el acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us 1.900 millones.
En caso de obtener el aval del órgano Legislativo, la administración nacional podrá ejecutar los desembolsos previstos durante los próximos 36 meses.
Durante el encuentro con la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Paz sostuvo que el acuerdo con el organismo multilateral puede facilitar el acceso a financiamiento adicional de entre $us 4.500 millones y $us 5.000 millones proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y otras instituciones.
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“No hay otra oportunidad”, afirmó, al señalar que su administración trabaja para superar el “Estado tranca” y generar condiciones para que quienes producen, invierten y generan empleo puedan ampliar sus capacidades.
Empero, la cifra final dependerá del financiamiento que podría movilizarse a partir del acuerdo con al FMI y estará sujeta a negociaciones y aprobaciones posteriores.
La primera autoridad planteó que los recursos adicionales deberían invertirse en infraestructura, carreteras, hospitales y unidades educativas, y cuestionó que sea orientado a cubrir la importación de combustibles. El destino de los recursos será uno de los aspectos relevantes que debe analizar la Asamblea Legislativa.
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El anuncio surge en un escenario actual marcado por un déficit fiscal, restricciones de liquidez y escasez de divisas, además de una elevada necesidad de recursos para importar combustibles.
El Gobierno recurrió a distintos mecanismos para sostener la provisión de combustibles al mercado interno. Por ejemplo, aprobó un decreto que extiende de Bs 1.000 millones a Bs 2.000 millones los recursos que el Tesoro General de la Nación (TGN) puede asignar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para cubrir el diferencial entre el costo de importación y el precio interno.
Si bien la aprobación del crédito eleva el techo de financiamiento externo para el Estado, también es necesario conocer las condiciones financieras del acuerdo, el cronograma de desembolsos, el destino específico de los recursos y el impacto que tendrán sobre la deuda pública. Puntos que serán detallados en el proyecto que serán enviado a la ALP.
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En su intervención, el presidente Paz indicó que el crédito del FMI permitiría financiar una agenda destinada a incrementar la inversión y las exportaciones, entre ellas mencionó el proyecto de Ley de Inversiones, una nueva legislación minera y obras de integración regional como la carretera Extrema-Cobija, conexiones con Brasil y Perú y el puente Guayaramerín.
Sobre Extrema-Cobija, afirmó que la infraestructura podría generar un movimiento comercial de entre $us 5.000 millones y $us 7.000 millones, cuya proyección corresponde al Gobierno y no constituye los ingresos garantizados para el país.
A criterio del mandatario, una mayor infraestructura permita reducir costos logísticos y ampliar el comercio exterior, pero considerando el escenario económico actual del país, el resultado dependerá también de la capacidad de aumentar las exportaciones y atraer inversión.
Se prevé que el órgano Ejecutivo exponga ante el pleno de la Asamblea Legislativa cómo se incorporarán los recursos al presupuesto y qué necesidades serán atendidas con los desembolsos.