La recién instalada Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, —fruto de unas elecciones que no fueron reconocidas por la mayoría de la comunidad internacional— ha pactado un nuevo Consejo Nacional Electoral, integrado de forma equilibrada y con presencia de reconocidas figuras y activistas civiles de la oposición. Después de pasar años negando la crisis humanitaria, el Gobierno de Nicolás Maduro ha permitido a funcionarios de Naciones Unidas entrar en Venezuela con el Programa Mundial de Alimentos, tal y como se lo han pedido la oposición y organizaciones no gubernamentales y asociaciones desde hace al menos seis años. El fiscal general, Tarek William Saab, ha reconocido hace muy poco, contradiciendo las versiones oficiales vigentes hasta entonces, que el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, el concejal Fernando Albán y el estudiante Juan Pablo Pernalete fueron asesinados por funcionarios chavistas, muchos de los cuales ya están siendo juzgados. En definitiva, la dirigencia bolivariana ha hecho en las últimas semanas diversas concesiones con las que pretender retomar contactos con la comunidad internacional y los sectores de la sociedad más alejados del chavismo, en medio del dramático contexto económico y social del país.
Las actuales concesiones de Maduro, sin embargo, no están inscritas en un acuerdo con la oposición. Salvo en el caso del nuevo Consejo Nacional Electoral —sacado adelante con una facción que rivaliza con Juan Guaidó—, los ajustes hechos por Miraflores parecen ser mensajes con destinatarios internacionales. Muy especialmente, Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU. En este contexto, comienza a hablarse de nuevo sobre la posibilidad de una mediación del Gobierno de Noruega para una negociación.
El jurista y analista político Juan Manuel Rafalli dice: “No tiene que ser este, necesariamente, un proceso de negociación articulado o tutelado”. El experto opina que el chavismo ha llevado adelante esta gestión por su cuenta. “Me parece que son maniobras aisladas y con distintos actores. La situación es grave; hay descontento en la población por el retardo en la llegada de las vacunas. Los combates contra irregulares colombianos en la frontera han generado molestia y pesar en las Fuerzas Armadas”, recuerda.
El historiador y articulista Pedro Benítez opina: “Estos son retrocesos tácticos de Maduro y Jorge Rodríguez [el presidente de la Asamblea Nacional]”. “Ellos dos están bastante conscientes de sus debilidades y problemas. Son movidas hechas, no porque se quiera, sino obligados por las circunstancias”. Hace poco, una delegación de diputados encabezada por Rodríguez había intentado, sin éxito, restaurar vínculos orgánicos con la Unión Interparlamentaria Mundial en Ginebra.
Los ajustes hechos por el alto mando chavista sobre la ayuda humanitaria y los asesinatos de Acosta Arévalo, Albán y Pernalete —tres de las causas más denunciadas por el activismo opositor— parecen tener como claros destinatarios el Tribunal Penal Internacional (TPI) y el entorno diplomático de Naciones Unidas, espacios donde el relato acusador de la oposición hacia los excesos del chavismo ha aumentado muchísimo en estos dos años.
Liliana Ortega, responsable de Cofavic, ONG pionera en la defensa de los Derechos Humanos en el país, admite: “El reconocimiento parcial de hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad es un paso necesario dado por las autoridades, sin duda”. Pero considera que “no es suficiente”. “Es indispensable que se juzgue a todos los perpetradores y su condena judicial. Eso es lo que la Fiscalía de la Corte Penal podría valorar como una señal de rectificación. También la reparación integral de las víctimas, medidas indemnizatorias y garantías de no repetición”, añade. Hace unos meses, el TPI declaró que existían indicios “razonables” para investigar al Gobierno chavista por crímenes de lesa humanidad.
El político y economista Francisco Rodríguez afirma: “El Gobierno está haciendo concesiones parecidas a las de 2018. Busca suavizar los efectos secundarios de las sanciones con medidas que puede tomar”. Rodríguez no tiene dudas de que Miraflores está desarrollando conversaciones con Estados Unidos después de la llegada de Joe Biden al poder. Un intercambio que, según su visión, podría desembocar en la apertura de una oficina de negocios en Caracas, con una carga más política que diplomática.
El economista Luis Vicente León, socio directivo de la consultora Datanálisis, opina: “El Gobierno está jugando con mano izquierda, procurando flexibilizar su conflictividad”. “Ellos saben que no están en peligro”, agrega, “no hay amenazas creíbles frente a Maduro en este momento. Pero tienen graves problemas, frentes, incomodidades dentro del chavismo y en el sector militar con el tema de las sanciones personales, que son mucho más lesivas para la causa revolucionaria que las sanciones nacionales. Maduro está haciendo concesiones, pero controladas, procurando un modelo en el que todos ganen, sin negociar por eso su cabeza”.