En la séptima sesión ordinaria, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) respaldó al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, al finalizar la interpelación tras la interpelación desarrollada este martes por del denominado caso “maletas”, lo que le permitió evitar la censura
La decisión se tomó mediante la aprobación del orden del día puro y simple, una figura que implica que la autoridad no es censurada. El resultado fue anunciado por el presidente nato del Legislativo, Edmand Lara, luego de la votación nominal en la que participaron 146 legisladores.
De acuerdo con el conteo, 100 asambleístas votaron a favor del orden del día puro y simple, consolidando el respaldo al ministro, mientras que 43 se pronunciaron por la censura y tres optaron por la abstención.
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La sesión inició en horas de la mañana de este martes y se extendió hasta pasadas las 22:28 horas, marcada por ambiente de tensión y posturas enfrentadas entre el oficialismo y oposición. Durante el debate, el bloque opositor insistió en cuestionamientos a la gestión del ministro Oviedo; en contraste, los legisladores oficialistas defendieron la labor del ministro, destacando su decisión de presentarse a la interpelación y subrayando acciones de su gestión, como el operativo que derivó en la captura del narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset.
Antes la votación final, ya se anticipaba un respaldo mayoritario al ministro, lo que finalmente se confirmó en el hemiciclo del órgano Legislativo.
Durante su exposición, el titular de la cartera de Estado presentó documentación y material audiovisual con el objetivo de aclarar el caso del ingreso irregular de 32 maletas desde el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.
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Explicó que el equipaje llegó el 29 de noviembre de 2025 en un vuelo privado procedente de Estados Unidos (EEUU). En dicha aeronave, viajaba la exdiputada Laura Rojas acompañada de dos de sus hijos y un ciudadano estadounidense
De acuerdo con la versión oficial, la exlegisladora habría evadido controles con la presentación de un pasaporte diplomático, mientras que en Migración habría presentado un documento regular.
Oviedo indicó que tomó conocimiento formal del caso el 19 de enero, fecha a partir de la cual se activaron las investigaciones correspondientes. Asimismo, precisó que el proceso está en manos de la Fiscalía, que ya imputó y detuvo a varias personas vinculadas al hecho.
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Sin embargo, la autoridad responsabilizó por el escándalo al teniente Marvin Manzaneda, quien no reportó la llegada del equipaje a sus superiores luego de que agentes del exterior le pasaran información del caso.
“Debo decir que el despacho del ministro de Gobierno no tenía conocimiento de la alerta remitida por el teniente Marvin Manzaneda, que además actuó de forma ilegal”, afirmó.
El nombre de Manzaneda, exintegrante del Grupo Especial de Casos Especiales GICE – Oriente, en Santa Cruz de la Sierra, obtuvo relevancia en el proceso con la presentación de un informe en la que el uniformado admite que tenía la información sobre la llegada del equipaje con un contenido sospechoso, pero no la transmitió a sus inmediatos superiores. Un segundo reporte, realizado por el capitán Cristhian Rodríguez, entonces ayudante de órdenes del titular de la cartera de Estado, también confirma dicha versión.
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Los informes corresponden al 10 y 13 de febrero, a raíz de los cuales se produjo la denuncia del ministro. Según explicó Oviedo, el teniente justificó su omisión, señalando que el exjefe del GICE y dos de sus familiares tenían antecedentes de narcotráfico, por lo que ese 29 de noviembre llamó al oficial que era de su confianza, Rodríguez, para consultar lo que debía hacer, pero sin reporte oficial.
Manzaneda y Rodríguez fueron denunciados incumplimiento de deberes en uno de los cuatro casos abiertos por la llegada de las maletas. Entre los investigados también figuran la exdiputada, un exjuez, exfuncionarios de Aduana, exguardias de seguridad y presuntos colaboradores.
Las investigaciones apuntan a la posible comisión de delitos como asociación delictuosa, tráfico de sustancias controladas, incumplimiento de deberes y legitimación de ganancias ilícitas.