La intervención del Gobierno a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, (ANH) generó rechazo por algunos parlamentarios, que coincidió en calificar la medida como tardía, ineficiente y parte de una estrategia para encubrir la crisis de combustibles. Entre uno de los planteamientos ante esta medida está el cierre definitivo de la ANH y la alerta de una supuesta privatización del sector.
El diputado de Alianza Libre, Rafael López, pidió la desaparición de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, (ANH) al considerar que no cumplió su rol de garantizar abastecimiento y calidad de combustible. “La ANH tiene que desaparecer. Es una institución estatal que no sirve para nada. ¿Cuál era su rol? Encargarse de que haya abastecimiento de combustible, de que haya combustible de buena calidad. ¿Y qué es lo que ha hecho? Nada, se ha caracterizado por ser ineficiente”, sostuvo. Propuso que la fiscalización pase a YPFB, que se libere la importación de combustible al sector privado por al menos dos años y sin impuestos, y que YPFB deje de comercializar para dedicarse solo a fiscalizar: “No tiene que haber empresas estatales que sean competencia con el sector privado”.
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Por su parte la senadora Ana Crispín, del Partido Demócrata Cristiano-PDC, cuestionó la credibilidad del Gobierno tras nueve meses de crisis. “La intervención a YPFB, a la ANH se lo hubiera hecho antes, meses atrás, pero no lo han hecho y hoy siempre muestran su incapacidad de gobernar, demasiado tarde y a destiempo”, afirmó. Advirtió que la intervención a logística y comercialización puede provocar paralización y ser “el primer paso para que el combustible se llegue a privatizar”. Crispín vinculó la medida con un intento de modificar la Constitución para favorecer a grandes empresarios: “Golpe tras golpe al bolsillo del boliviano. Lo único que se genera es ingobernabilidad”. Alertó además sobre el impacto en el campo y en la canasta familiar por el encarecimiento del diésel.
Así también el diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, calificó la intervención como “show mediático” y “cortina de humo”. “Lamentablemente este gobierno es muy lento y nosotros vemos parte de su incapacidad, de su improvisación, el cual el perjudicado es la población: colas interminables”, dijo. Denunció que el objetivo sería “que sigan los contratos millonarios con Transfigura, VITOL y Futura Energy para privatizar YPFB”. Para Pacheco, la salida pasa por otra vía: “Lo que hoy el pueblo boliviano quiere es que se abrogue el Decreto Supremo 5676, el cual le sube a 18 bs el litro para grandes consumidores. Eso es lo que quiere el pueblo y no que haga el presidente un show”.
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Los tres legisladores coincidieron en que la crisis ya causó daños y desconfianza. López apuntó a la ineficiencia estatal, Crispín a un posible proceso de privatización que encarecerá el combustible, y Pacheco a contratos y falta de soluciones reales. En conjunto, demandan medidas estructurales inmediatas y rechazó que la intervención resuelva el desabastecimiento, mientras el Gobierno enfrenta críticas por actuar tarde y sin un plan consensuado con los sectores productivos y de transporte.