La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador emitió una resolución que habilita la reelección presidencial inmediata, algo hasta ahora prohibido en la Constitución del país. La decisión abre las puertas al polémico presidente Nayib Bukele a buscar un segundo periodo consecutivo en el Ejecutivo. Mientras sus simpatizantes celebraron la medida, analistas y críticos expresaron su rotundo rechazo.
El presidente Nayib Bukele podrá aspirar a la reelección en las próximas elecciones generales de 2024 y se abre la controversia en El Salvador. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió el viernes un fallo que habilita que un mandatario en ejercicio pueda postularse a un nuevo período en el Ejecutivo de forma consecutiva.
Hasta ahora, y según la Constitución del país, los presidentes de El Salvador, que tienen un mandato de cinco años, no podían renovarlo para un periodo inmediato.
En concreto, el artículo 152 de la Carta Magna señala que no puede ser candidato a presidente “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores del periodo presidencial”.
Por esta razón, los mandatarios debían esperar al menos dos legislaturas, es decir diez años, en caso de que quisieran volver a competir en unas elecciones para regresar al Ejecutivo.
Sin embargo, los jueces dieron un giro con una nueva lectura del texto. Sostuvieron que la interpretación ha sido «errónea» y que, a su juicio, la Constitución permite que un ciudadano puede ser presidente por un máximo de 10 años.
«Es el mismo artículo 152 ordinal 1 quien permite como máximo que una persona ejerza la Presidencia por 10 años y, de hecho, el Constituyente de 1983 obliga a que esos 10 años se ejerzan, si el pueblo así lo decide, de forma consecutiva», dice la sentencia que desató fuertes críticas.
Como salvedad en su nueva interpretación, los magistrados indicaron que «ha de requerirse al presidente que se haya postulado como candidato presidencial para un segundo período, deba solicitar una licencia durante los seis meses previos» al inicio del siguiente período, lo que significa que, si Bukele se inscribe para los comicios de 2024, deberá renunciar seis meses antes de terminar su actual mandato.
De esta manera, evita violar la «prohibición de prevalerse del cargo para realizar propaganda electoral».
La nueva decisión se produjo luego de que el abogado Salvador Enrique Anaya perdiera una demanda contra la candidata a diputada Nancy Díaz Martínez en la que denunció que violaba la Constitución por promover y suscribir actas para apoyar la reelección del presidente.
Pero el fallo judicial terminó respaldando a la demandada y abriendo así la vía para que Nayib Bukele pueda aspirar a mantenerse en el Ejecutivo al menos por un periodo más de Gobierno.
Ola de celebraciones y rechazos, tras la decisión de la Corte Suprema de El Salvador
Mientras legisladores oficialistas y simpatizantes del mandatario celebraron el fallo, analistas políticos y críticos del mandatario expresaron su rotundo rechazo.
“Algunos habíamos advertido que esta era una vía para romper la alternancia y permitir la reelección, pese a que está prohibido. La elección de 2024 será una gran farsa”, señaló el abogado Eduardo Escobar, de la ONG Acción Ciudadana.
El partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) fue más allá al advertir que “la búsqueda por perpetuarse y la concentración de poder es antesala a una dictadura. El poder tiende a corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente”.
La nueva interpretación de los jueces causa aún más recelo por tratarse de magistrados recientemente elegidos por la Asamblea Legislativa, que tomó posesión el pasado 1 de mayo y es controlada por el partido Nuevas Ideas, de Bukele.
Ese mismo día, el cuerpo legislativo destituyó a los cinco jueces que conformaban la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general y designó a los nuevos magistrados que ahora respaldan la reelección presidencial inmediata.
La destitución de los entonces jueces causó una fuerte polémica dentro y fuera del país por considerar que atenta contra la división de poderes.
Vía: France 24