El juez titular del Juzgado Mixto de El Torno, Diego Campero García, dispuso la suspensión inmediata de la difusión de encuestas o estudios de intención de voto por parte de medios de comunicación, en el marco de una acción popular presentada contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La decisión surge a pocas horas del debate previsto para la noche de este domingo entre los candidatos que compiten en la segunda vuelta por las gobernaciones de Santa Cruz, Oruro, Tarija, Chuquisaca y Beni.
La demanda fue planteada por María Elena Aramayo Quinteros, supuesta estudiante residente en el municipio de La Guardia. La resolución establece que se detenga la difusión de cualquier tipo de estudio mientras se analiza el fondo del recurso.
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En la acusación, presentada la mañana de este 11 de abril y admitida en cuestión de horas, se alega que existe una creciente desconfianza ciudadana hacía las encuestas electorales por discrepancias entre los resultados y los datos finales en las urnas. Por tanto, considera que la publicación “irresponsable o sesgada” de los sondeos puede influir en los votantes.
El recurso sostiene que, en esta etapa decisiva, la difusión de encuestas puede incidir negativamente en la formación de la voluntad popular, generando fenómenos como el “voto útil inducido” o la creación artificial de tendencias.
También cuestiona la falta de transparencia en algunos estudios electorales, como la ausencia de información sobre metodología, financiamiento o margen de error, lo que podría vulnerar derechos como el voto libre e informado, la igualdad entre candidatos y la transparencia del proceso.
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Asimismo, el juzgado convocó al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, a una audiencia virtual programada para el 17 de abril, advirtiendo posible sanciones, como multas de entre 30 y 100 días e incluso un proceso por desobediencia, en caso de no comparecer.
El documento aclara que la acción no busca limitar la libertad de expresión ni el trabajo de la prensa, sino evitar que se difundan herramientas que puedan distorsionar el debate democrática en un momento clave del proceso electoral.