La Fiscalía emitió la resolución de imputación formal contra el exgerente de la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, investigado por presuntas irregularidades en la apertura y operación de la ruta internacional entre Santa Cruz (Bolivia) y La Habana (Cuba).
El jefe de la División de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), capitán Fabio Gonzales, informó que la resolución incluye la solicitud de detención preventiva por el lapso de cuatro meses mientras se desarrolla la investigación.
“Ayer se ha presentado su imputación formal, en el cual el fiscal de materia está solicitando la detención preventiva por cuatro meses en el penal de El Abra”, declaró.
El miércoles, el ejecutivo de la compañía estatal fue aprehendido en Cochabamba y luego trasladado a la ciudad de La Paz. En un breve contacto con la prensa, el abogado de Casso, Javier García, aseguró la inocencia de su cliente y responsabilizó de la ruta aérea a autoridades del órgano Ejecutivo y del Directorio de BoA.
Según el jurista, Casso alertó en dos ocasiones al gabinete de ministros del expresidente Luis Arce y al directorio de la aerolínea que el destino hacía el país caribeño no era rentable.
“Mi cliente comunicó al gabinete ministerial y al propio directorio de BoA que esta ruta no era atrayente y que estaba poniendo en riesgo las operaciones económicas de la aerolínea. Sin embargo, se le instruye que debía continuar con las operaciones de Viru Viru hacía La Habana”, sostuvo.
La primera alerta surgió en abril del 2024, luego de seis meses de la inauguración de la ruta internacional, y la segunda ocasión dos meses antes de la renuncia de Casso a su cargo como gerente de la estatal, agregó García.
Por este caso, la Fiscalía investiga un presunto daño económicos de 18,4 millones de bolivianos debido a la mala administración en torno a la apertura del nuevo destino de la aerolínea boliviana.
El inicio de las operaciones de la ruta se produjo en octubre de 2203, durante el Gobierno de Arce, pero la autorización debía contar con la presentación previa de un informe de viabilidad que acreditaba la rentabilidad de la ruta, hecho que no ocurrió.
Casso enfrenta cargos por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Además de la exautoridad de BoA, la Policía también ejecutó la orden de aprehensión emitida en contra de Shirley C., exdirectora de la compañía estatal, quien permanece en dependencias de la FELCC de La Paz.
El abogado de la acusada, Pablo Gutiérrez, confirmó que su clienta fue imputada provisionalmente por los mismos tipos penales que el exgerente.
Gutiérrez explicó que Carrasco participó activamente en las reuniones del directorio de BoA y presentó la documentación de descargo correspondiente sobre las decisiones tomadas en relación con la apertura de la ruta a Cuba.
“Ella ha manifestado que, como parte del directorio, estuvo involucrada en las decisiones, y todas las directrices fueron aprobadas por el colegiado”, explicó Gutiérrez, destacando que los vuelos a La Habana fueron parte de esas decisiones.