El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, expresó su “profunda indignación” por la decisión del Juez 11º Cautelar Penal de La Paz, Hugo Huacani, de conceder detención domiciliaria al ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores (Conapabol), Rubén Ríos, investigados por presuntas irregularidades en la subvención de harina.
“Las autoridades de esta cartera de Estado lamentan que ciertos operadores de justicia no acompañen el esfuerzo que el equipo jurídico del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua está realizando para identificar y sancionar a los responsables de los hechos de corrupción descubiertos”, señala una nota publicada por la cartera gubernamental en redes sociales.
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Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público develaron una organización que involucra a Ríos, miembros de su entorno familiar y exfuncionarios de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), con delitos relaciones con enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y contratos lesivos al Estado.
El pronunciamiento de la cartera de Estado advierte también que la determinación judicial representa un riesgo de fuga y recordó el reciente caso abierto contra el exgerente de Emapa, Franklin Flores, quien incumplió una disipación de arresto domiciliario y escapó de su domicilio con paradero aún desconocido.
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Agregó que el dirigente panificador ya opuso resistencia a enfrentar la causa penal, ya que estuvo fuera de su domicilio por varios días. “Ese dato debería ser suficiente para entender que no se trata de una persona dispuesta a someterse a la ley, sino de alguien que busca evadirla” indica el documento.
La institución señaló que decisiones judiciales similares “generan desconfianza, alimentan la impunidad y traicionan el esfuerzo institucional por erradicar la corrupción”.
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“El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua exige que la medida sustitutiva aprobada por el juez sea revisada y revertida”, sentencia el comunicado.
En una extensa audiencia de medidas cautelares, el juez Huacani dictaminó detención domiciliaria, arraigo y una fianza de Bs 60.000 para Ríos, mientras que su hijo, Ricky R.M., también investigado por este caso, deberá cancelar una fianza de Bs 30.000. El Ministerio Público presentó la apelación correspondiente y aguarda la convocatoria para la siguiente audiencia.
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El fiscal Ronal Jurado informó que la Fiscalía expuso ante la autoridad jurisdiccional elementos para fundamentar los riesgos de fuga y obstaculización de parte del acusado, sin embargo, el juez “ha indicado que no existirían determinados riesgos, por eso ha dispuesto una detención domiciliaria”. “En consecuencias, el Ministerio Público ha apelado (el fallo)”, afirmó.
“Si bien la autoridad jurisdiccional ha establecido una probabilidad de autoría y participación del sospechoso en los hechos endilgados, ha dispuesto las medidas que el Ministerio Público ha apelado”, manifestó.
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De acuerdo con el ministro del área, Óscar Justiniano, el caso denominado “harina subvencionada” generó un daño económico que asciende a más de los Bs 5 millones y se busca la manera de recuperar dichos recursos.
Según las investigaciones, Ríos vendía harina a Emapa a un precio de mercado, pero se beneficiaba del insumo a precio reducido. El dirigente asegura que no obtuvo beneficio de la provisión de harina a Emapa y solo aceptó por la complicada situación que atravesaba la empresa estatal y amenazaba también a los panificadores.