El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, FPS, presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia para el inicio de un juicio de responsabilidades contra los exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia, María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Égüez Áñez. La acción legal se origina en un fallo judicial que, según el FPS, impuso a la entidad una multa millonaria en el marco de una obra pública ejecutada en el departamento del Beni.
El director general ejecutivo del FPS, Luis Ramiro Peña, formalizó la denuncia en la ventanilla única de la Cámara de Diputados, acompañado por el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Efraín Quispe Quiroga. El documento cuestiona el Auto Supremo N° 155/2023, que instruye al FPS pagar Bs 2.520.490,53 a la Asociación Accidental “H&O” por el proyecto de pavimentación de la avenida Jacarandá, en Riberalta.
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De acuerdo con Peña, el monto corresponde a supuestos costos de mantenimiento y conservación durante la gestión 2020, en plena pandemia. Sin embargo, el FPS sostiene que no existen pruebas documentales que respalden esos gastos ni antecedentes de reclamos presentados en la etapa administrativa del proyecto.
Para la autoridad, la denuncia busca sentar un precedente que evite el uso indebido de cargos públicos en favor de intereses particulares. “La empresa nunca demostró sus gastos y los exmagistrados ignoraron tanto el contrato como las normas de control gubernamental, beneficiando a una contratista que ni siquiera cumplió correctamente con la entrega de la obra”, afirmó Peña.
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El FPS considera que el fallo representa un daño económico al Estado y confía en que el proceso judicial permita establecer responsabilidades. La entidad espera que el caso abra camino a un mayor control sobre decisiones judiciales que involucren recursos públicos.