El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, afirmó que la investigación contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, proseguirá por la vía penal y descartó un juicio de responsabilidades, debido a que los delitos atribuidos no estarían vinculados con el ejercicio de sus funciones como magistrado.
Explicó que el juicio de responsabilidades, o juicio de corte, se activa para delitos cometidos en el desempeño de funciones, como prevaricato o resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. En ese marco, señaló que las acusaciones que enfrenta Saucedo está relacionadas con narcotráfico y organización criminal corresponden a delitos penales comunes y, por tanto, deben ser investigadas por la vía ordinaria.
“Ese es un delito que no lo ha hecho (Saucedo) en el ejercicio de su función como presidente. El narcotráfico y la configuración que hace referencia a un crimen organizado implica la comisión de un delito ordinario, no en el ejercicio de sus funciones”, afirmó.
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La autoridad judicial anunció el miércoles que salió del país junto a su familia y se declaró en el exilio, alegando persecución política y ausencia de garantías jurídicas. Horas después, la Fiscalía confirmó que un día antes, el martes, emitió un mandamiento de aprehensión en su contra dentro de una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico y organización criminal
Ante su ausencia, la Sala Plena del TSJ designó a la decana Rosmery Ruiz Martínez como presidenta temporal y concedió a Saucedo un plazo de seis días para retomar sus funciones. Caso contrario, advirtió que podrían aplicarse las disposiciones de la Ley del órgano Judicial por un eventual abandono de funciones.
Posteriormente, Ruiz observó que la investigación contra el magistrado de Santa Cruz se desarrolle por la vía penal y consideró que, dependiendo de cuándo se cometieron los hechos investigados, podría corresponder un juicio de responsabilidades.
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Indicó que el procedimiento debe definirse en función de la fecha de los presuntos delitos. Si estos ocurrieron antes de que Saucedo asumió como magistrado, correspondería la justicia ordinaria; pero si fueron cometidos durante el ejercicio de sus funciones, debería aplicarse un proceso de responsabilidades.
“Siendo que él es un magistrado, debería ser juzgado con un juicio de responsabilidades. Serán las autoridades, el Ministerio Público, que expliquen por qué está siendo juzgado en la vía ordinaria”, remarcó.
Sin embargo, la situación judicial de Saucedo se complicó tras las declaraciones de la exdiputada Laura Rojas y del exjuez Hebert Zeballos, quienes identificaron a la autoridad judicial como el propietario de las 32 maletas que llegaron al aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, desde Estados Unidos (EEUU), en noviembre de 2025, e ingresaron al país sin el filtro migratorio correspondiente.
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La exdiputada nacional aseguró que el equipaje pertenecería al magistrado, mientras que Zeballos denunció una presunta protección del exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, –también investigado por narcotráfico– para facilitar el retiro de las maletas de la terminal aérea.
Ante esta situación, el fiscal general Urioste afirmó que la Fiscalía y la Policía continúan las investigaciones para establecer la participación del presidente del TSJ en los delitos investigados y, ahora, en el denominado caso “maletas”.
Respecto al paradero de la autoridad, indicó que se realizan allanamientos en el país y se gestiona una alerta internacional para localizarlo. Hasta el momento, la hipótesis que adquiere mayor fuerza es que Saucedo huyó del país por vía terrestre rumbo a Brasil.