El caso “Golpe I”, que se refiere a los hechos registrados antes de la renuncia del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, fue denunciado por la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty en noviembre del 2020. El gobernador Luis Fernando Camacho y el exdirigente cívico Marco Pumari están vinculados al caso y son investigados por los presuntos delitos de terrorismo, conspiración, sedición, asociación delictuosa y otros hechos de violencia.
Estos son los momentos claves para entender el caso Golpe I:
2019
20 de octubre, el expresidente Evo Morales busca un cuarto mandato. La justicia boliviana lo habilita a participar de los comicios luego del referéndum del 2016.
21 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pone como en primer lugar a Morales con el 46,4% de los votos, con el cómputo al 95%. Carlos Mesa, quien obtuvo el 37,07%, denuncia fraude. En varias regiones estallan incidentes violentos que incluyen incendios, enfrentamientos con la policía y saqueos. Manifestantes queman tres oficinas regionales del TSE en Potosí (suroeste), Sucre (sur) y Cobija (norte).
22 de octubre, la Organización de los Estados Americanos (OEA) manifiesta «su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar» de los resultados preliminares. Afirman que en su informe recomendarán una segunda vuelta. Como respuesta, el Gobierno y el TSE proponen que se realice una auditoría sobre el proceso electoral.
El expresidente del TSE Antonio Costas abandona su cargo por la «desatinada decisión» de suspender la difusión del conteo preliminar.
Luis Almagro, exsecretario general de la OEA, confirma que auditarán el proceso electoral para «verificar su integridad». El canciller Diego Pary le dice a la Unión Europea que podrá revisar «una a una las actas» si así lo desea.
23 de octubre, Morales denuncia por primera vez que está en marcha un golpe de Estado por parte de la derecha, con apoyo internacional. Las huelgas se replican en todo el país y se multiplican los incidentes tras enfrentamientos entre partidarios de ambos bandos.
24 de octubre, Mesa niega las acusaciones y le dice a Evo Morales que es él quien no respeta la Constitución. También convoca a manifestaciones pacíficas, aunque se siguen registrando incidentes. El conteo oficial de votos se actualiza: el 99 por ciento del escrutinio indica que Evo Morales gana en primera vuelta.
25 de octubre, el Órgano Electoral da a conocer los resultados finales y Morales es declarado oficialmente ganador con el 47,08% de los votos frente al 36,51% de Mesa.
La oposición, la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos, Colombia y Argentina se unen y exigen un balotaje. Empiezan bloqueos de calles y hay enfrentamientos entre militantes oficialistas.
2 de noviembre, el gobernador Luis Fernando Camacho llama al ejército y la policía a «ponerse del lado de la gente» y le pide la renuncia del presidente. Morales llama a las fuerzas armadas (FFAA) a «servir al pueblo boliviano» manteniéndose cerca de su gobierno.
8 de noviembre, tres unidades policiales se amotinan en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. La policía se muestra cercana a los manifestantes en La Paz y la protesta opositora se extiende a otras regiones del país. Morales denuncia por segunda vez un golpe de Estado «en curso», pero el gobierno descarta una operación militar contra los amotinados.
9 de noviembre, efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba se amotinan y llaman a nombrar nuevos comandantes. Se fueron sumando los regimientos policiales de otros departamentos, como Chuquisaca, durante el día.
10 de noviembre, Morales anuncia por la mañana que convocará a nuevas elecciones nacionales que, mediante el voto, “permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente nuevas autoridades».
La OEA exige la anulación de las presidenciales de octubre y la realización de nuevas elecciones luego de dar a conocer el informe preliminar de su auditoría en la que consideran que los resultados de la elección “no eran fiables”. Horas más tarde la Central Obrera Boliviana (COB) pide que morales renuncie a la presidencia “de ser necesario”.
El comandante en jefe de las FFAA, Williams Kaliman, “sugiere” a Morales a renunciar a su mandato.
Horas después, Morales anuncia su renuncia. A su vez dimiten el vicepresidente Álvaro García Linera, así como muchos otros funcionarios del MAS, incluidos a varios gobernadores de distintos departamentos.
Luego de su dimisión, el expresidente se refugió en México y posteriormente, en diciembre de ese mismo año, pidió asilo en Argentina.
12 de noviembre, Jeanine Áñez asume el mandato interino de Bolivia ante la ausencia del presidente y vicepresidente.
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2020
En junio, Áñez promulga la ley para la celebración de elecciones presidenciales el 18 de octubre del 2020.
8 de noviembre, Luis Arce es electo presidente de Bolivia luego de casi un año de la renuncia de Morales.
26 de noviembre, la exdiputada Lidia Patty del MAS presenta ante el Ministerio Público una acusación formal a la administración Áñez, sus ministros, sus militares y fuerzas policiales por la crisis del 2019.
2021
12 de marzo, el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo anuncia que Jeanine Áñez fue detenida en Trinidad por los presuntos casos de terrorismo, sedición y conspiración, y que ha sido enviada a la cárcel Femenina de Miraflores en La Paz.
Áñez denuncia mediante sus redes sociales “persecución política” por parte del MAS.
21 y 22 de mayo, el exministro de Gobierno de Bolivia Arturo Murillo y su exjefe de gabinete, Sergio Méndez, son detenidos en Estados Unidos acusados por los presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero.
El 15 de julio, la Fiscalía amplía el delito de genocidio a la acusación de Áñez.
12 de noviembre, emiten orden de captura contra Williams Kaliman, excomandante de las FFAA, quien “sugirió” en 2019 a Morales dimitir de su cargo.
El 10 de diciembre, la Policía detiene al expresidente del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Marco Antonio Pumari por los presuntos casos de asociación delictiva, uso indebido de bienes del Estado y terrorismo en grado de complicidad.
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2022
El 18 de diciembre, Luis Fernando Camacho es detenido. La Fiscalía General del Estado niega que se trate de un “secuestro o persecución política”.
Justicia dicta detención preventiva durante cuatro meses en el centro penitenciario de Chonchocoro.
2023
4 de enero, Murillo es condenado a 70 meses de cárcel en el Centro de Detención Federal de Miami-Florida por cargos de soborno y conspiración para sobornar a autoridades para la compra de material antidisturbios a una empresa estadounidense.
27 de abril, Justicia amplia por cuatro meses más la detención preventiva del gobernador de Santa Cruz.
El 30 de junio, Jose Luis Camacho, padre del gobernador Fernando Camacho, es citado a declarar en calidad de denunciado por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. Se acoge a su derecho constitucional al silencio.
Un informe oficial evidencia que Luis Fernando Camacho, su padre, su hermana y un círculo de confianza hicieron circular importantes sumas de dinero a través de sistema bancario nacional antes y durante la crisis de noviembre de 2019, para presuntamente financiar el “golpe de Estado” contra Morales.
Según la información proporcionada por una entidad bancaria, Camacho y su familia giraron y recibieron montos de dinero antes y durante los conflictos del 2019, con el siguiente detalle:
- El primer depósito bancario se hizo a tres días del motín policial, el 5 de noviembre de 2019, por un monto de Bs 180.000 por su exsecretario Miguel Ángel Navarro.
- El 9 de noviembre, su padre y hermana le hicieron depósitos de Bs 33.000, cada uno.
- El 10 de noviembre, cuando los militares pidieron a Evo Morales que renuncie y Camacho ingresó con la Biblia en la mano a Palacio de Gobierno, el padre y la hermana volvieron a hacerle depósitos de Bs 33.000 cada uno.
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2024
18 de octubre, Justicia excluye a Áñez del caso Golpe I, debido a que ya había sido sentenciada por el caso Golpe II.
2025
20 de junio, La Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos reporta que el exministro de Gobierno Arturo Murillo ya no está bajo custodia Federal.
Procuraduría solicita al gobierno norteamericano que Murillo retorne a Bolivia y “responda ante la justicia”.
24 de agosto, Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruye revisar plazos de detención preventiva de Añez, Camacho y Pumari.
28 de agosto, Justicia levanta medidas cautelares y ordena detención domiciliaria para Camacho y libertad para Pumari por el caso Golpe I.
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