La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su respaldo a las reformas económicas anunciadas por el presidente del Estado, Rodrigo Paz, las cuales consideró necesarias para evitar agravamiento de la crisis y un eventual colapso económico, aunque manifestó su preocupación por el incremento unilateral del salario mínimo nacional.
A través de un pronunciamiento oficial, la institución respaldó la ejecución de medidas “de ordenamiento estructural” para enfrentar una situación que, de no corregirse, habría derivado en un “colapso económico inmanejable” a corto plazo.
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“El levantamiento de la subvención a los combustibles permite disminuir el insostenible déficit fiscal, equilibrar las finanzas públicas y enfrentar el creciente contrabando. La decisión de aplicar un incremento homogéneo e inmediato en los precios va a tener efectos complejos sobre la economía de todos, sin embargo, es una medida necesaria y urgente que el país debe asumir”, indica parte del comunicado.
La CEPB valoró también otras disposiciones incluida en el Decreto Supremo 5503 y consideró que constituyen una base importante para la recuperación y reactivación económica.
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A criterio de la institución, las acciones gubernamentales deben complementarse con acciones normativas y administrativas adicionales que permitan liberar las barreras que afectan a los sectores productivos y generar resultados en el mediano plazo.
No obstante, la CEPB expresó su preocupación por el aumento del salario mínimo nacional en un 20% -ahora Bs 3.300- y advirtió que esta determinación tendrá “efectos severos” sobre la estabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, además de afectar la generación y sostenibilidad del empleo formal.
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“Exhortamos a las organizaciones sociales de la sociedad a actuar con cautela, responsabilidad y comprensión para evitar la profundización de la crisis económica”, remarca el documento.
Asimismo, la confederación asegura que la implementación de acciones estructurales es indispensable en el actual contexto que atraviesa el país.
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Señaló también que la actual crisis tiene responsables y que la impunidad resulta inaceptable, por lo que instó las instituciones públicas a acelerar las acciones correspondientes en el marco de la ley y el Estado de derecho.
Por otra parte, la CEPB consideró que las consecuencias de la crisis no deben recaer únicamente sobre la ciudadanía. “El sector político y los servidores públicos deben dar señales claras no solo de capacidad y decisión, sino de austeridad, prudencia y responsabilidad”, finaliza el texto.