La Cámara de Senadores aprobó este viernes, tanto en su estación en grande como en detalle y por más de dos tercios de votación, el proyecto de Ley 291/2025-2026. Esta norma modifica la Ley 260 del Ministerio Público para regular la continuidad de la máxima autoridad de la fiscalía ante procesos judiciales en curso, determinando la suspensión del cargo cuando exista una imputación formal o se dictamine una medida cautelar en su contra.
La sesión legislativa dio inicio con la lectura formal del informe emitido por la Comisión de Constitución, instancia que previamente revisó y dio su visto bueno a la propuesta. Tras su debate en el pleno, la norma avanzó sin contratiempos, enviando una señal clara sobre la necesidad de establecer un marco regulatorio estricto frente a investigaciones que involucren a altas autoridades del sistema penal.
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Entre sus aspectos más contundentes, la modificación legal contempla la suspensión definitiva del Fiscal General del Estado en aquellos casos donde la autoridad resulte imputada y procesada por delitos que conlleven pena privativa de libertad. Al respecto, el texto aprobado señala explícitamente que «la suspensión definitiva del fiscal general del Estado establecida en el parágrafo 2 de este artículo tendrá el efecto de interrupción inmediata y cese de funciones«, dejando en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional la designación de un sustituto.
Esta iniciativa legislativa surge en un contexto de alta tensión institucional, desencadenada por la reciente aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca. La autoridad se encuentra actualmente a la espera de su audiencia de medidas cautelares, acto procesal donde un juez cautelar definirá de manera oficial su situación jurídica.
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El caso tomó fuerza luego de que el propio Ministerio Público formalizara la imputación contra Roger Mariaca, así como contra los fiscales Alberto Zeballos y Martín Irusta, y el mayor de la Policía Rubén Aparicio. Dentro del requerimiento fiscal, la comisión investigadora ha solicitado la detención preventiva por un lapso de seis meses en centros penitenciarios de La Paz, mientras el proyecto de ley aprobado pasa a las siguientes instancias legislativas para su posterior tramitación.