El presidente saliente del Estado, Luis Arce, promulgó este miércoles la ley de diferimiento de créditos, sancionada la semana pasada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), pese al rechazo de instituciones bancarias y empresariales.
La ley, que ya se encuentra publicada en la Gaceta Oficial, establece tres medidas para prestatarios de vivienda social y micro y pequeñas empresas: la suspensión temporal de embargos y ejecuciones judiciales; el diferimiento de pagos de capital e intereses por seis meses; y el mantenimiento de las condiciones originales de los créditos sin cobros ni intereses adicionales.
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La norma no autoriza la condonación de créditos, sino que luego del plazo de seis meses, tiempo en que se estima que la economía se reactivará, los prestatarios deberán reanudar el cumplimiento de sus obligaciones con las entidades financieras.
Además, dispone que el Gobierno reglamentará la ley mediante Decreto Supremo, en un plazo de hasta seis días hábiles, computables a partir de su publicación formal.
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Instituciones económicas como la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural) rechazaron el proyecto, asegurando que un nuevo diferimiento de créditos afectará la liquidez del sistema financiero y, a largo plazo, afectará la capacidad de otorgar nuevos créditos.
Incluso, el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, expresó su rechazo a la ley y anticipó una iniciativa legislativa para revertirla, al considerar que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) impulso la iniciativa para generar un “caos financiero”.
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La medida fue impulsada por el sector prestatario, que aglutina comerciantes, transportistas, entre otros, por la crisis económica que atraviesa el país, lo que provocó que varios sectores reduzcan su capacidad productiva y sus ingresos que son insuficientes para pagar sus intereses por los créditos adquiridos.