La Paz, 1 de noviembre (Radio Splendid).- Dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) fueron denunciados penalmente por legisladores de Creemos con cargos por terrorismo, genocidio, organización criminal y otros ocasionados por el cerco a la ciudad de Santa Cruz con la objetivo de impedir el ingreso de alimentos e insumos básicos para la subsistencia humana.
La demanda penal contra Edwin Arce, Ponciano Colque Cruz, Franklin Vargas, Felipa Yalilly Montenegro, Ilton Rolando Borda manifiesta el atentado el atentado contra la seguridad común de la población en el Departamento de Santa Cruz, además de vulnerar el derecho ciudadano legítimo de exigir un censo nacional oportuno y trasparente.
“(El Ministerio Público) tendrá que convocar a estas personas para que digan bajo que contexto que norma que derecho se autoriza a limitar el ejercicio de los derechos de la población cruceña y del país”, puntualizó. Juan Carlos Camacho, representante legal los legisladores.
Los dirigentes del MAS sindicados en la demanda afirmaron que no permitirían el ingreso de alimentos, de oxígeno para uso médico, hecho que implica acciones de lesa humanidad.
La denuncia contra los dirigentes del MAS tiene lugar luego de que, el pasado 26 de octubre, grupos organizados afines al MAS iniciaron un cerco a la ciudad de Santa Cruz con el fin de asfixiar la economía departamental como mecanismo de extorsión para suspender el paro indefinido que cumple Santa Cruz, exigiendo la realización del censo nacional e la gestión 2023.
El jurista no descartó que autoridades del Ejecutivo, ente ellas la ministra de la Presidencia María Nela Prada, además de parlamentarios del MAS, fueran convocados a declarar como testigos, tomando como elemento legal declaraciones públicas de los sindicados que señalan tener la “venia” del Ministerio de la Presidencia.
“Vamos a ver si el gobierno mide con la misma vara que se han medido en otros casos como Golpe I- Golpe II las declaraciones públicas que han hecho funcionarios y determinar de esta manera su responsabilidad”, puntualizó.
En esta línea, señaló que estas medidas extorsivas pone en riesgo la vida de la población, no sólo en Santa Cruz, sino del país, más allá de afectación a los líderes cívicos y la representación regional.