La Paz, 23 mar (Radio Splendid).- Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) exige a la Fiscalía General del Estado sustentar frente a la Asamblea Legislativa Plurinacional un juicio de responsabilidades a Juan Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera y David Choquehuanca por haber propiciado la pérdida del acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico en La Haya, violando el artículo 267 de la Constitución Política del Estado sobre la Reivindicación Marítima:
Artículo 267.
- El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo.
- La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano.
El 23 de marzo de 2011, Juan Evo Morales anunció la creación de la Dirección General de Reivindicación Marítima (DIREMAR) para preparar una demanda contra Chile por el tema marítimo. Dos años más tarde, el 23 de marzo de 2013 declaró que Bolivia presentará una demanda sobre la obligación de negociar que tendría Chile con nuestro país, con el fin de llegar a un acuerdo para otorgarle un acceso soberano al mar. El 24 de abril de 2014, presentó la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
La triste historia para Bolivia finaliza el 1 de octubre de 2018, cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya falla en contra de Bolivia, afirmando:
“Sin embargo, el Tribunal no puede concluir, sobre la base del material que se le ha presentado, que Chile tenga «la obligación de negociar con Bolivia para llegar a un acuerdo que le otorgue un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico» (alegaciones de Bolivia, véanse los párrafos 13, 14 y 15 supra). En consecuencia, el Tribunal no puede aceptar los otros alegatos finales presentados por Bolivia, que se basan en la existencia de tal obligación” (OBLIGATION TO NEGOTIATE ACCESS TO THE PACIFIC OCEAN BOLIVIA v. CHILE, 2018).
Por lo tanto, la CIJ determinó claramente, que Chile no tiene obligación de negociar con Bolivia un acceso permanente soberano al Océano Pacífico. Sin embargo, Juan Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo vendió la patraña, que la CIJ alienta las negociaciones entre Bolivia y Chile.
Lo que la CIJ comentó, es que:
“No obstante, la constatación del Tribunal no debe entenderse como un impedimento para que las Partes continúen su diálogo e intercambios, en un espíritu de buena vecindad, para abordar las cuestiones relativas a la situación sin salida al mar de Bolivia, cuya solución han reconocido ambas como una cuestión de interés mutuo. Con la voluntad de las Partes, se pueden emprender negociaciones significativas” (OBLIGATION TO NEGOTIATE ACCESS TO THE PACIFIC OCEAN BOLIVIA v. CHILE, 2018).
En pocas y claras palabras, la CIJ señaló que este fallo no impide que Bolivia y Chile negocien cualquier tema, pero que Chile no está obligado a negociar una salida soberana.
Esta posición ha sido reiterada por el anterior (Sebastián Piñera) y por el actual presidente de Chile, Gabriel Boric: “La soberanía no se negocia”.
Por lo tanto, los responsables de este fallo de la CIJ, contrario a los intereses de la Nación Boliviana, son el Presidente, Vicepresidente y Ministro de Relaciones Exteriores. La actual Constitución Política del Estado determina que el Presidente y el Vicepresidente son responsables de la política exterior de Bolivia, en sus artículos 172.5. y 174.5. respectivamente.
Juan Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera y David Choquehuanca son los responsables directos de la toma de esa decisión y de su aplicación. Junto a ellos deben ser juzgados los miembros de DIREMAR, que fue el brazo técnico y operativo de esa catastrófica decisión.
Se comete delito por acción o por omisión, en este caso sería por omisión. Ya la anterior Asamblea Legislativa cometió el delito de no enjuiciar a los responsables. La actual está en la obligación de iniciar las acciones pertinentes para un juicio de responsabilidades en base a una acusación que debe realizar la Fiscalía.
La demagogia formó parte de las acciones que los gobernantes realizaron y las responsabilidades de todos los que acompañaron este proceso debe ser establecida dentro de los cánones de la “traición a la patria”.
Bolivia perdió su salida soberana al mar por la acción militar de Chile en 1879 y en 2018 por la vía del Derecho Internacional Público por la irresponsable decisión del gobierno de Juan Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera y David Choquehuanca.
Chile demandó a Bolivia en la misma Corte Internacional de Justicia por las aguas del Silala, en un juicio que comenzará en los siguientes días. Durante estos últimos meses, el gobierno de Luis Arce ha mantenido en secreto la estrategia boliviana y se desconoce las orientaciones dadas a la defensa, aspecto de preocupación nacional. El CONADE considera que un segundo fallo en la CIJ que lesione los intereses nacionales sería de entera responsabilidad de Luis Arce, David Choquehuanca y Rogelio Mayta.