Parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano (PDC) denunciaron este jueves una estructura de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que vincularía al presidente de la entidad, Yussef Akly, con la gestión del expresidente Luis Arce.
En conferencia de prensa, la diputada Patricia Patino denominó este esquema como el “cartel de la gasolina basura” que, según dijo, estaría conformado por políticos, ejecutivos de la petrolera estatal y empresas privadas dedicadas a la comercialización de combustible.
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“Rodrigo Paz nos pidió en campaña y luego de campaña, al asumir el cargo, que seamos serios, transparentes y ayudemos a transparentar todas las instituciones del Gobierno”, afirmó la legisladora, a tiempo de aclarar que la presentación del informe no tiene la intención de apuntar al primer mandatario.
Según el informe, la estructura de corrupción estaría integrada por Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Arce, quien sería el “gran negociador del litito” y Jorge Alberto Roca Kauffman, expresidente de Lithium One Bolivia, filial de Uranium One Rusia, y actual director de YPFB. Este último también es socio de la empresa privada Energy Oil Corporation PM SRL, encargada del transporte de combustible.
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Además, Patiño apuntó a Akly por sus antecedentes como miembro del directorio de Roca en Lithium One Bolivia, lo que evidenciaría la continuidad de los nexos contractuales desde la anterior gestión.
Según explicó, en 2022 y 2023, el actual presidente de YPFB asumió funciones importantes en la empresa que buscaba “hacer negocios oscuros con el litio”. Ahora, el escenario se invirtió, con la designación de Roca Kauffman en el directorio que encabeza Akly en la petrolera estatal.
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“Roca no es solo un funcionario, sino que es socio de Energy Oil Corporation. Esta empresa privada ha sido contratada por YPFB para el transporte de combustible”, manifestó la legisladora.
Patiño criticó que Roca desempeñe funciones como parte del directorio de YPFB y, a la vez, como proveedor de la estatal, con la adjudicación de contratos para el transporte de combustibles a través de la empresa transaccional del que es socio.
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Para la diputada del PDC, los actores mencionados habrían coordinado convenios y operaciones que les permitieron adulterar el combustible destinado al mercado interno y generar conflictos de interés, al combinar roles públicos con intereses privados.
¿Estamos ante una empresa pública al servicio del país o ante una agencia de empleos, de una red que viene haciendo negocios desde la época de litio y que ahora nos vende agua y alcohol por gasolina?”, cuestionó.
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Asimismo, la denuncia de los parlamentarios apunta a un enriquecimiento ilícito con la importación de gasolina de 97 octanos –una de las más caras del mundo– que se mezcla con etanol en el país a un precio más económico.
Patiño explicó que el costo final de compra es de $us 0,55, pero el Estado paga y vende a $us 1,10. “¿Dónde se queda esa diferencia, dónde va esa ganancia ilícita?”, cuestionó, a tiempo de apuntar contra la gestión de la exdirectora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala.
La presentación del informe finalizó con Patinó afirmando que existe un “triángulo de corrupción” en YPFB que, según dijo, se dedica a la extracción de recursos del Estado a través del combustible adulterado, por lo que debe ser desmantelado.
Como primera medida, los legisladores solicitaron un informe escrito con 30 preguntas al presidente de YPFB, al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y a la ANH, además de gestionar interpelaciones y emprender acciones legales para esclarecer los hechos denunciados.