El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) expresó su respaldo a las reformas económicas impulsadas por el Gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, a través del Decreto Supremo 5503 que generó descontento en diversos sectores sociales que anunciaron manifestaciones, bloqueos y paros indefinidos en demanda de su abrogación.
Un reciente comunicado del organismo remarca la necesidad de avanzar en medidas que fortalezcan la estabilidad macroeconómica y la atracción de inversiones.
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“Bolivia requiere reformas que contribuyan a la estabilidad económica y a la atracción de inversión”, dice el documento oficial de la CAF, que ratificó su acompañamiento al país a través del Programa de Apoyo para la Recuperación Económica 2025–2030, que contempla un financiamiento de hasta $us 3.100 millones.
Este programa, señala el reporte, está “enfocado en estabilidad macroeconómica, integración regional, inclusión social y sostenibilidad ambiental”. Del total comprometido, $us 550 millones ya están aprobados y serán desembolsados en el corto plazo como respaldo directo a las necesidades financieras del país.
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“Este apoyo fortalece la institucionalidad, impulsa la inversión y acompaña la diversificación productiva”, indica el pronunciamiento.
Asimismo, la institución financiera anunció que promoverá a Bolivia en el Foro Económico América Latina y el Caribe Panamá 2026, con el objetivo de conectarlo con nuevas fuentes de financiamiento y actores del sector privado.
🇧🇴 Bolivia requiere reformas que contribuyan a la estabilidad económica y a la atracción de inversión.
Desde CAF acompañamos al país en este proceso con un Programa de Apoyo para la Recuperación Económica 2025–2030 por hasta USD 3.100 millones, enfocado en estabilidad… pic.twitter.com/L396p0S1Dv
— CAF (@AgendaCAF) December 19, 2025
De los 120 artículos que incluye el Decreto Supremo 5503, publicado en la Gaceta Oficial el 17 de diciembre, uno centró el debate público y detonó la primera turbulencia social del Gobierno de Paz: la eliminación del subsidio a los combustibles.
La medida, que muchos consideraban ineludible porque el alto costo de importación y la corrupción alrededor, se traduce en la duplicación del precio de la gasolina y la triplicación del diésel.
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El posible efecto multiplicador que puede ocasionar la disposición en el aumento del costo del transporte y el precio de los alimentos provocó protestas de diversos sectores y aunque el Gobierno se mostró dispuesto al diálogo, afirmó que no dará marcha atrás.
Pese a ello, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otro organismo financiador, también mostró su apoyo a la medida que asumió la administración nacional.