Con el quórum correspondiente, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) reinstaló este miércoles la sexta sesión legislativa que tiene en agenda, entre otros puntos, la interpelación del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, por la compra de combustibles con presunto sobreprecio y por la distribución de gasolina de baja calidad.
En la testera se encuentran el vicepresidente del Estado y presidente de la ALP, Edmand Lara, y los presidentes del Senado, Diego Ávila, y de Diputados, Roberto Castro.
La sesión legislativa comenzó el 27 de febrero, pero fue declarada en cuarto intermedio tras la inasistencia de la autoridad y posteriores discrepancias e incidentes entre Lara y algunos parlamentarios.
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El vicepresidente dispuso la suspensión de la sesión hasta el 3 de marzo, sin embargo, decidió posponer la convocatoria debido a la falta de personal por los recortes administrativos que dispuso el Gobierno.
Ante del inicio de la sesión, el Gobierno ya había adelantado que Medinaceli no se presentaría a la sesión de fiscalización, argumentando que no se cumplió el procedimiento legislativo.
“Reinstalamos la sexta sesión, continuando con el mismo orden del día”, dijo Lara al inicio de la deliberación del pleno este miércoles.
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El conflicto por la gasolina de baja calidad o “desestabilizada” permanece vigente a dos meses de las primeras denuncias sobre fallas mecánicas en decenas de vehículos del parque automotor nacional tras la provisión de combustible en las distintas estaciones de servicio.
Las quejas y reclamos, principalmente de transportistas sindicalizados, derivaron en protestas y movilizaciones en la ciudad de La Paz y en otros puntos del país. Para aliviar las tensiones, el Gobierno se comprometió a mejorar la calidad del carburante y cubrir los gastos invertidos en reparaciones.
Sin embargo, los dirigentes del sector denunciaron que la distribución del carburante en cuestión continúa y apuntó a la administración nacional por demoras en el pago de compensaciones por los daños ocasionados.
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El pasado lunes, el Gobierno posesionó a Claudia Cronenbold como nueva presidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en reemplazo de Yussef Akly, quien dejó el cargo en medio de cuestionamientos por el conflicto.
Recientemente, el ministro Medinaceli y autoridades del órgano Ejecutivo firmaron un acuerdo con el sector del transporte de Oruro, que convocó a un paro indefinido con bloqueo de carreteras desde el 6 de abril. La medida de presión duró dos días y mantuvo paralizado al departamento y aisló a La Paz del resto del país.
El documento suscrito formaliza compromisos técnicos y operativos para garantizar que la gasolina distribuida cumpla con los estándares requeridos, además de establecer mecanismos de compensación y fiscalización inmediata.