Luego que la Armada Boliviana y la Policía presentaron los primeros resultados de la investigación sobre el caso del robo de 17 armas —entre fusiles y pistolas— ocurrido el 25 de abril en el Batallón de Infantería de Marina VI “Independencia” del departamento de La Paz, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) expresó su preocupación por una presunta relación del ilícito con actividades vinculadas a la minería ilegal en el municipio de Sorata, provincia Larecaja.
A través de una nota institucional, la AJAM solicitó a las autoridades competentes profundizar las investigaciones, recuperar la totalidad del armamento sustraído, identificar a los responsables y esclarecer los posibles vínculos con operaciones mineras al margen de la normativa vigente.
“La minería ilegal ha ido evolucionando hacia formas más complejas de organización, articulándose con otras actividades ilícitas y configurando escenarios que requieren acciones integrales y coordinadas”, indica el documento.
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Por ello, la institución remarcó la importancia de fortalecer el trabajo interinstitucional entre las fuerzas del orden, el Ministerio Público y las entidades del Estado, con la finalidad de enfrentar este tipo de hechos que representan un riesgo para la seguridad y el control territorial.
Recordó, además, que durante el mes de abril se ejecutaron distintos operativos en Sorata para frenar la minería ilegal. Entre ellos, una intervención para la restitución de un área minera interrumpida por detonaciones y disparos, dejando a un efectivo policial herido y daños materiales.
En una segunda acción conjunta con la Policía, se logró desmantelar un campamento clandestino, inhabilitar maquinaria pesada y generar una afectación económica significativa a las operaciones ilegales en el sector.
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“Estos antecedentes, evidencian que la minería ilegal en la región no solo persiste, sino que presenta niveles crecientes de organización y violencia, configurando un escenario de alto riesgo para la intervención estatal”, señala el reporte.
El fin de semana, la Armada Boliviana reportó el robo de armamento y munición militar del establecimiento militar, ubicado en la localidad de Chua Cocani, cerca del lago Titicaca, durante la madrugada del 26 de abril.
Un día después, en conferencia de prensa, el comandante interino de la institución, contralmirante Adalid Alfaro, informó la aprehensión de un teniente, dos sargentos y dos marineros acusados de participar en la coordinación del asalto e intentar huir con las armas.
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Las primeras investigaciones apuntan a que los implicados ingresaron al recinto en dos vehículos, con apoyo del personal de guardia de turno del recinto. En tanto, la Policía reveló que el arsenal estaba destinado a una organización criminal vinculada a la minería ilegal.
Luego de los allanamientos y las primeras aprehensiones, la mayor parte del armamento fue encontrado la noche del domingo 26 de abril en el cementerio de la zona de Tilata, en El Alto, considerada por los implicados como una “zona segura” para realizar el intercambio de las armas por dinero.
Los uniformados serán procesados por robo de armas e incumplimiento de deberes, delitos que contemplan penas de hasta 30 años de cárcel.