Mercedes Trimarchi, activista de izquierda y exdiputada por Buenos Aires (Argentina), abandonó el país la mañana de este jueves en medio de acusaciones por “intromisión” en los conflictos sociales que atraviesa el país.
Según el titular de la Dirección General de Migración, Eddy Ordoñez, la activista salió de territorio nacional en un vuelo de la aerolínea Latam con destino a Santiago de Chile. Afirmó que la partida ocurrió de manera voluntaria.
“No hubo ninguna expulsión, la señora salió de manera voluntaria. Nosotros no tenemos ninguna querella contra ella, por lo tanto, no podíamos impedirlo”, declaró.
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Ordoñez reveló que, en su llegada a Bolivia, Trimarchi se identificó en el aeropuerto como “diputada electa”, sin embargo, reportes solicitados por Migración luego de la polémica señalan que su mandato concluyó en diciembre de 2025, hace más de cinco meses.
Trimachi es una docente y política argentina militante de Izquierda Socialista. Durante su estadía en el país, participó en al menos dos actividades organizadas por sectores sociales movilizados que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El 22 de mayo participó en un encuentro de la Central Obrera Boliviana (COB), una de las organizaciones que pide la renuncia del presidente Paz, donde tomó la palabra: “La solidaridad internacional nos tiene que unir como pueblos latinoamericanos, la lucha que están dando es muy significativa y es un faro para América Latina”.
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Posteriormente, la activista emitió un discurso en un cabildo realizado en la zona de Senkata, de la ciudad de El Alto, donde expresó su abierto respaldo a las movilizaciones contra el Gobierno de Paz, a quien acusó de apoyar una rearticulación internacional de los gobiernos de derecha
“Ustedes son nuestro faro, porque han logrado en seis meses poner en jaque a un Gobierno como el de Rodrigo Paz, un Gobierno derechista que viene a quitar todos los derechos que hemos conquistado”, declaró.
Tras las declaraciones de Trimarchi, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció una posible intromisión en movilizaciones de carácter político interno y emitir “afirmaciones falsas, distorsionadas y carentes de sustento” contra el Gobierno boliviano, incluyendo señalamientos sobre una supuesta vulneración de derechos laborales.
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Entretanto, la activista manifestó que llegó a raíz de una invitación de una organización internacional socialista, como un “acto de solidaridad” con los sectores movilizados y denunció hostigamiento en redes sociales por su participación en reuniones sindicales.