El proyecto de ley antibloqueos será reconsiderado en la Comisión de Justicia Plural tras su aprobación la semana pasada, debido a una solicitud de reconsideración presentada dentro del plazo de 48 horas. El presidente de la comisión y diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, explicó que se buscará separar la propuesta en dos iniciativas: una de libre transitabilidad que castiga severamente los bloqueos y otra denominada ley de protección al pueblo boliviano que establecerá mecanismos de solución de conflictos para atender demandas en instancias municipales, departamentales y nacionales.
«Si bien ha sido aprobada en la anterior semana, dentro del procedimiento se puede pedir la reconsideración en 48 horas. Diputados, sobre todo de Cochabamba, han presentado la solicitud y no puedo negarles ese derecho. Se va a volver a debatir el proyecto. Me parece muy interesante separar en dos proyectos de ley, uno que sea de libre transitabilidad, que castiga severamente los bloqueos, y el otro que da un mecanismo de solución de conflictos, que se va a llamar Ley de Protección al Pueblo Boliviano«, afirmó Rojas.
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El legislador detalló que la norma sancionatoria prevé penas de hasta 10 años de prisión, con agravantes cuando los bloqueadores consuman bebidas alcohólicas o sustancias controladas. En tanto, la ley de protección al pueblo boliviano generará conductos y procedimientos para la solución pacífica de conflictos, como alternativa a huelgas y protestas que, según indicó, no han logrado resultados efectivos.
Rojas informó que el debate fue reprogramado para este miércoles en la comisión, con invitación ampliada a miembros adscritos para escuchar fundamentos y observaciones. Aclaró que no existe otra propuesta paralela para modificar el Código Penal, ya que el proyecto 070, presentado el año pasado por el diputado Israel Meyer, que incorpora el artículo 214 bis sobre obstrucción ilegal de vías, se mantiene en tratamiento por prelación reglamentaria.
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Sostuvo que la división en dos proyectos permitirá contar con un castigo ejemplificador para quienes bloquean y, al mismo tiempo, ofrecer canales claros y específicos para que ciudadanos y colectivos hagan valer sus derechos sin recurrir a medidas que afecten la libre transitabilidad.