El Gobierno de Bolivia formalizó una solicitud a Estados Unidos (EEUU) para conocer detalles de los señalamientos realizados contra exautoridades y altos funcionarios nacional por presunta corrupción y vínculos con el narcotráfico.
“Tengo información de que el ministro de la Presidencia ya estaría mandando la carta en esta jornada a la Cancillería para que la Cancillería solicite esta información” al Gobierno norteamericano, informó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.
La administración de Rodrigo Paz comenzó a recabar información desde la noche del lunes, luego que el Departamento de Estado de EEUU anunciaron medidas migratorias contra 13 ciudadanos bolivianos, entre ellos el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, a quienes se les retiró la visa de ingreso a ese país.
LEE TAMBIÉN: Concluye reunión de alcaldes y el Gobierno por el 50/50, plantean mayor presupuesto para cerrar el 2026
La autoridad indicó que esperan recibir los antecedentes a la brevedad para conocer las razones y circunstancias que motivaron las medidas anunciadas por Estados Unidos. Sostuvo que “es difícil” establecer una fecha para la respuesta del Gobierno de Donald Trump o si las autoridades de ese país entregarán “una parte o toda” la información requerida.
Bolivia es el país con más ciudadanos sancionados en una lista publicada por el Departamento de Estado de EEUU en la que se mencionan trece cargos o excargos y un empresario con nombres y apellidos, entre ellos el fiscal general Mariaca, el exministro de Justicia, Iván Lima y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero, además de jueces y fiscales.
Posteriormente, Mariaca rechazó las acusaciones en su contra y exigió «respeto» a la «soberanía» de su país, al considerar que se busca «condicionar» o «interferir» en el trabajo del Ministerio Público boliviano.
LEE TAMBIÉN: Fiscalía formaliza acusación contra Armin Dorgathen y otros ocho implicados en el caso Botrading
“Soberanía no implica que no tengamos la obligación de conocer los señalamientos tan graves que han salido”, manifestó Justiniano, al señalar que las acusaciones del país del norte ponen en entredicho la credibilidad del Ministerio Público.
El caso también llegó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Los presidentes de ambas cámaras habían pedido una convocatoria inmediata y, este martes, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, fijó para el 5 de octubre una sesión destinada a abordar el tema.
Mariaca asumió el cargo el 22 de octubre de 2024 y, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, su mandato es de seis años.