El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que el Ministerio Público ha solicitado formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores gestionar por canales diplomáticos la información oficial sobre la revocación de visas a autoridades y exautoridades judiciales por parte del Gobierno de Estados Unidos. Zeballos enfatizó la necesidad de conocer a través de los conductos regulares el sustento, motivo, alcance y fundamento jurídico de dicha decisión, tras la difusión de estas medidas en medios de comunicación y redes sociales que involucrarían tanto a su persona como al Fiscal General del Estado, Roger Mariaca.
Frente a estas determinaciones, la autoridad remarcó que el Ministerio Público mantiene una postura estrictamente institucional en respeto a las decisiones soberanas de cada Estado sobre sus políticas migratorias. Sin embargo, Zeballos exigió una reciprocidad diplomática que respete la soberanía nacional de Bolivia y garantice la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado. La aclaración busca resguardar la institucionalidad frente a versiones públicas sobre la suspensión del visado de las máximas autoridades del órgano rector de la justicia penal.
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En ese marco, la representación fiscal aseguró que la labor investigativa no se verá frenada ni condicionada por ningún tipo de presión externa o interna. Zeballos puntualizó que la institución continúa al frente de procesos de alta connotación social y complejidad, entre los que destacan el denominado «caso Cerimedo» —con imputaciones formales y órdenes de aprehensión por tentativa de feminicidio y violencia familiar—, así como los casos de «narcomaderas» y «gasolina basura», reafirmando el compromiso de actuar con todo el peso de la ley sin importar la condición de los implicados.
Asimismo, el fiscal departamental advirtió de manera tajante que no se tolerará ninguna injerencia ni influencia política, asegurando que la labor investigativa del Ministerio Público se mantendrá firme, unida y orientada al combate del crimen organizado, sicariatos, feminicidios y trata de personas. Reiteró que una cosa es el respeto a las opiniones y otra muy distinta pretender interferir, condicionar o afectar el trabajo objetivo y transparente que realiza la institución bajo la dirección funcional del fiscal general, Roger Mariaca.
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Finalmente, Zeballos señaló que una vez que se disponga de la documentación fidedigna tramitada por la vía diplomática, la Fiscalía adoptará una postura institucional definitiva para transparentar y esclarecer la situación ante las instancias legislativas correspondientes. El pronunciamiento surge tras la reciente suspensión de la visa de Mariaca por parte de la administración estadounidense —bajo señalamientos que el titular del Ministerio Público ha rechazado categóricamente apelando a la soberanía estatal— y luego de que desde el Ejecutivo se advirtiera sobre posibles derivaciones judiciales en el exterior.