El Gobierno, mediante el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, defendió la continuidad del Estado de excepción y aseguró que la medida permitió garantizar la libre circulación, el abastecimiento y reactivar las actividades laborales durante los últimos 90 días.
En conferencia de prensa, anunció que el órgano Ejecutivo remitió el nuevo decreto, que dispone la ampliación de la medida por otros 90 días, a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su análisis y eventual aprobación.
Según su interpretación, el órgano Legislativo tiene un plazo de 72 horas para considerar la solicitud de prórroga; de no hacerlo, la ampliación quedaría aprobada automáticamente. En caso de análisis legislativo, los asambleístas podrán aprobar la continuidad por mayoría simple o rechazarla, lo que implicaría la conclusión del Estado de excepción.
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El vocero también reconoció que el régimen de excepción no impidió protestas sociales esporádicas y nuevos bloqueos que se extendieron por más de dos días. Ante ello, advirtió que el Gobierno podría recurrir al Estado de sitio en caso de ser necesario para asegurar el orden constitucional a nivel nacional
Explicó que esta medida contempla acciones de mayor alcance, como la militarización de determinadas zonas, toques de queda y restricciones a derechos como la libre circulación y la libertad de expresión.
“Tengan certeza que, en la medida que la Asamblea apruebe la continuidad del Estado de Excepción, que, de ser necesario, se va dictar el Estado de sitio, se va utilizar la fuerza constitucional, se va a militarizar, y se van a conculcar los derechos que están plenamente, en el marco de la Ley, permitidos porque hay que resguardar al pueblo boliviano. No nos podemos dar el lujo de estar nuevamente bloqueados”, afirmó en conferencia de prensa.
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Gálvez sostuvo que durante el plano inicial del Estado de excepción no fue necesario aplicar una medida más radical, pero remarcó que esta posibilidad continúa vigente ante eventuales conflictos.
“Durante estos 90 días se ha satisfecho la demanda más importante de los bolivianos, que es trabajar”, afirmó.
La advertencia del funcionario surge ante las contantes advertencias de movilizaciones y bloqueos de carreteras tras la conclusión del régimen de excepción. Aseguró que quienes atenten contra la población o la infraestructura deberán enfrentar las consecuencias legales.
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Gálvez remarcó la continuidad de la medida busca preservar las condiciones para que la población pueda circular, trabajar y producir en medio de la crisis económica.