Con la aprobación del Decreto Supremo 5707, el Gobierno amplió por otros 90 días el Estado de excepción por “conmoción interna” en todo el territorio nacional.
De acuerdo a la normativa, que ya se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Estado, la ampliación del régimen excepcional se computará a partir de la conclusión del plazo inicial que arrancó el 20 de junio y fenecerá el 18 de septiembre.
“Se amplía por noventa (90) días calendario el Estado de Excepción por Conmoción Interna declarado por Decreto Supremo N° 5636, computables a partir de la conclusión del plazo inicialmente establecido, en todo el territorio nacional”, indica la disposición.
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La norma fue remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su ratificación o eventual rechazo. Hasta el momento, la Presidencia de la entidad legislativa no definió una fecha oficial para considerar la ampliación del régimen de excepción.
Empero, el decreto precisa que las medidas establecidas en el Decreto Supremo 5636, que dio inicio al plazo inicial del Estado de excepción, se mantendrán “hasta la emisión de la resolución correspondiente por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
Los argumentos para la ampliación de la medida dan cuenta de informes de los ministerios de Defensa y de Gobierno que alertan sobre “la persistencia de riesgos y factores de conflictividad que afectarían la estabilidad del orden público, expresados en amenazas y advertencias provenientes de determinados sectores movilizados”, aunque no los menciona.
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Además, la norma advierte sobre la posibilidad de reactivación de bloqueos de caminos que, “por su naturaleza y eventual intensidad, generarían escenarios de desestabilización del orden público y afectarían el normal funcionamiento de las instituciones y las actividades económicas y sociales del país”.
También se respalda en una de las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) acerca de “proteger el derecho a la protesta, pacífica, garantizando también los derechos de terceros a la vida, la salud, la alimentación, el libre desplazamiento y el acceso a otros servicios esenciales”.
Durante siete semanas, entre mayo y junio, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz impulsaron bloqueos de carreteras, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el posterior respaldo de grupos afines al expresidente Evo Morales. En medio del conflicto, los sectores dejaron de lado sus reclamos iniciales y exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
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La crisis social ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.
Después de lograr un acuerdo con la COB, Paz Pereira decretó la noche del 20 de junio el Estado de excepción, que autorizó la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en operativos policiales orientados a levantar los últimos puntos de bloqueo a nivel nacional.
Sobre el tema, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que el régimen excepcional garantizó una relativa tranquilidad para la población después de 53 días de bloqueo, aunque advirtió que existen grupos que intentan interrumpir la paz social y el orden democrático.
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Reconoció que el Estado de excepción no impidió nuevas protestas sociales, como bloqueos en los departamentos de Beni y Santa Cruz, pero subrayó que las autoridades del órgano Ejecutivo se trasladaron a las zonas en conflicto y desactivaron las movilizaciones mediante el diálogo.
“Creemos que debemos darle a la población la sensación de tranquilidad”, remarcó a Unitel.