La Fiscalía General del Estado (FGE) alista la creación de una Dirección Nacional de Cibercrimen para investigar hechos relacionados con la difusión de grabaciones atribuidas al consultor político, Fernando Cerimedo. En los audios, se escucha al ciudadano argentino presuntamente en conversaciones con diferentes autoridades del Gobierno y el entorno presidencial.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, señaló que ya se trabaja en la conformación de un equipo especializado para iniciar las investigaciones de oficio, aunque aclaró que una denuncia formal permitiría activar inmediatamente los procedimientos correspondientes.
“Hemos dispuesto la organización de una unidad en el Ministerio Público Nacional en el Ministerio Público Departamental, uno para generar la información, para poder procesar la información y para tener los instrumentos necesarios para realizar una investigación seria”, dijo.
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Indicó que las investigaciones deberán determinar quienes participaron en la obtención y difusión del material, además de establecer si las conversaciones contienen elementos relacionados con posibles delitos, encubrimientos o protección de determinadas personas.
El anuncio de la autoridad interina surge tras los cuestionamientos de legisladores que exigieron investigar el origen y contenido de las más de una decena de grabaciones relacionadas con el exasesor del presidente Rodrigo Paz. La mayoría de los audios hacen referencia a un supuesto tráfico de influencias, negociación de contratos, pugnas por el control de ministerios y designación de autoridades.
Al respecto, Urioste explicó que primero será necesario realizar pericias técnicas y jurídicas para establecer su autenticidad, posible manipulación y trazabilidad. “A partir del momento en que salen y aparecen esos audios, no se pueden verificar mientras no se verifica el equipo. Tenemos que hacer el principio de trazabilidad de la comunicación, de la información y de la grabación”, manifestó.
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Añadió que se debe investigar todo lo relacionado con el material filtrado, pues es como activar una causa penal en base a “me dijo y no me dijo”, lo que representa un hecho intangible. “Un proceso penal se debe abrir en base a algo objetivo y tangible, afirmó.
El fiscal interino remarcó que los audios no pueden constituirse automáticamente en fundamento de procesos penales sin contar con elementos objetivos y verificables que respalden las investigaciones.
«¿Son audios verdaderos, no son audios verdaderos? Lamentablemente se maneja la hipótesis de que han sido verificados por expertos. ¿Por qué expertos? ¿Por qué sistema? ¿Han verificado los equipos? ¿de dónde salen?”, cuestionó.
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Ante ello, Urioste manifestó que se gestiona la colaboración de organismos internacionales para la adquisición de un software con la tecnología para esclarecer las interrogantes en torno a las grabaciones, la capacitación de un perito y otros procesos administrativos. Según dijo, el equipo tendría un costo aproximado de $us 450.000.
La nueva dirección también tendría presencia en las fiscalías departamentales, con el propósito de fortalecer la atención de casos vinculados con delitos cometidos mediante herramientas digitales.
Por último, el fiscal general interino alertó sobre los riesgos de iniciar labores investigativas en base a “bombas de humo” y remarcó la importancia de contar con hechos concretos y validados jurídicamente. Caso contrario, advirtió que los procesos podrían ser rechazados en un eventual juicio.