El Concejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) recibirá formalmente este jueves el informe de la misión de Alto Nivel que visitó Bolivia para evaluar la crisis política y social marcada por 53 días de protestas y bloqueos contra el Gobierno de Rodrigo Paz.
De acuerdo a una publicación del organismo internacional, la exposición está incluida en la sesión ordinaria del concejo programada para las 14:30 horas de este 3 de septiembre en el salón Simón Bolívar en la sede oficial en Washington, Estados Unidos (EEUU). El encuentro será transmitido en directo.
“Recibir informe de la Misión de Alto Nivel de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos al Estado Plurinacional de Bolivia”, señala el primer punto de la agenda publicada por el organismo.
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El Concejo Permanente de la OEA está conformada por un representante de los 34 estados miembros activos; cada uno tiene derecho a un voto.
La sesión que analizará el caso de Bolivia estará presidida por el embajador de Dominica, Steve Ferrol, actual presidente de la entidad.
En cumplimiento de una resolución aprobada el 24 de julio por la Asamblea General de la OEA, una misión de alto nivel llegó a Bolivia para conocer la crisis económica y política generada después de 53 días de protestas sociales promovidas por la Central Obrera Boliviana (COB), la organización de campesinos de La Paz “Tupac Katari” y grupos afines al expresidente Evo Morales.
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Dicha resolución rechazó los actos de violencia, respaldó al Gobierno democráticamente electo y exhortó a resolver el conflicto mediante el diálogo.
La delegación internacional sostuvo una serie de reuniones en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, el 29 y 30 de julio, con el presidente Rodrigo Paz, ministros, representantes de los órganos Legislativo, Judicial y Electoral, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC), la Fiscalía, organizaciones sociales e indígenas, sindicatos, empresarios, académicos, transportistas y medios de comunicación.
La misión estuvo integrada por el secretario general Albert Ramdin; el canciller panameño Javier Martínez-Acha; el secretario interino de Relaciones Exteriores de Argentina, Juan Manuel Navarro; la jefa de la Oficina para Bolivia de Canadá, Laurie Rogers; el director de la División de América del Sur de la Cancillería chilena, Fernando Velasco; el subsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Hanky; y los embajadores ante la OEA de Perú y Uruguay, Rodolfo Coronado y Edison Lanza, respectivamente.
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En un balance preliminar, la misión destacó el “diálogo franco y abierto” sostenido con los distintos sectores y anunció que las propuestas recogidas serán incorporadas al informe final. Además, remarcó su solidaridad con el gobierno democráticamente elegido en Bolivia y el pueblo boliviano e hizo un llamado a la convivencia pacífica “mediante la búsqueda de consensos y el diálogo”.
Asimismo, criticó los continuos esfuerzos por “socavar y derrocar” a una administración legítima y democrática, a los cuales calificó como “una grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática en el país y en nuestro hemisferio”.
La crisis comenzó a inicios de mayo con demandas económicas y sectoriales, pero posteriormente los reclamos quedaron en segundo plano para dar paso al pedido de renuncia del primer mandatario. Sectores como la COB, los campesinos de La Paz, y afines a Morales impulsaron bloqueos, principalmente, en el occidente y centro del país.
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El conflicto provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal. De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, registró 22 fallecidos y 88 heridos, una cifra superior al reporte preliminar de 16 muertes manejado inicialmente. Del total de decesos, 19 corresponden a terceros afectados y tres, a circunstancias relacionadas con operativos de desbloqueo.

