La Fiscalía General del Estado (FGE) de Bolivia solicitó información a Perú, Colombia, Venezuela y Rusia, en el marco de las investigaciones por el supuesto reclutamiento de al menos 16 bolivianos para participar en la guerra con Ucrania.
La fiscal superior en Razón de Género, Alejandra Rocha, informó que activaron los mecanismos de cooperación y confirmó que existen tres causas penales abiertas en el departamento de Santa Cruz por trata de personas con fines de reclutamiento para conflicto bélicos.
De acuerdo a un reporte institucional de la FGE, explicó que en el primer caso figura una víctima; en el segundo, seis; y en el tercero, nueve.
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“Se está realizando toda la coordinación a nivel internacional con países de la región que también estarían involucrados en cuanto a sus ciudadanos y necesitamos establecer el modus operandi y el patrón que se estaría siguiendo”, declaró Rocha.
Indicó que las pesquisas se desarrollan en el marco de los mecanismos de cooperación internacional promovidos por la Red Especializada en Trata y Tráfico de Personas (REDTRAM), que integra a los Ministerios Públicos de América Latina.
En ese marco, anunció que ya se extendieron peticiones de informe a las autoridades competentes de cuatro países, con el objetivo de conocer la situación de posibles víctimas y las acciones realizadas por estas naciones frente a hechos similares.
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Además, como parte de las primeras actuaciones, la Fiscalía emitió requerimientos investigativos y coordinó acciones con la Policía Boliviana, en base a información sustentada en las denuncias y pruebas presentadas por las familias de las presuntas víctimas.
En el tercer proceso ya se identificó una persona que, de acuerdo a las primeras pesquisas, desempeñó actividades como intermediario o reclutador en el proceso de captación de las víctimas en Santa Cruz. En paralelo, efectivos de la Policía realizan diligencias en la comunidad de Rincón de Palometas en busca de recolectar mayores elementos que permitan esclarecer los hechos.
Asimismo, el Ministerio Público activó los canales oficiales mediante la Cancillería y solicitó información a la embajada de Rusia en Bolivia, con el fin de obtener datos que contribuyan a establecer el paradero de las presuntas víctimas y las circunstancias en las que pudieron haber sido trasladadas al extranjero.
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Según la FGE, las denuncias se concentran en Santa Cruz, ya que no existen acciones similares en otros departamentos.
El martes, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, anunció una investigación “de oficio” ante las denuncias públicas de los familiares de dos jóvenes bolivianos que fueron captados mediante ofertas laborales en el exterior, sin embargo, fueron capacitados para participar en la zona de conflicto entre Rusia y Ucrania. La última información de ambos es que habrían muerto en combate.
El caso de los dos connacionales provocó la difusión de otras denuncias de bolivianos reclutados de forma similar, cuyo paradero es desconocido.
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En contraparte, la embajada rusa en Bolivia descartó cualquier vínculo con organizaciones que reclutan a bolivianos, a través de engaños, para la primera línea de fuego, y rechazó “categóricamente” las acusaciones en su contra “por carecer de fundamento alguno”.