El órgano Ejecutivo afirmó que Catalina Paz, hija del presidente Rodrigo Paz, no ocupa ningún cargo dentro de la administración pública y que su participación se limita al apoyo en el manejo de redes sociales del mandatario, tras las declaraciones del exministro de Trabajo, Edgar Morales.
El viernes, la exautoridad declaró que la hija del gobernante tendría un rol central en la comunicación del Gobierno incluso por encima de la directora de Comunicación Estrategia, Ximena Galarza, y mantendría cierta influencia en la vocería de algunos ministerios.
Bueno, lo digo abiertamente, la hija de Rodrigo Paz es la jefa que maneja todo lo que es comunicación. No podíamos nosotros hablar públicamente como lo estoy haciendo ahora”, dijo el exministro en entrevista con la ANF.
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Horas después, el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, negó las declaraciones del exministro y afirmó que la hija de Paz Pereira colabora en la administración de las redes sociales personales del mandatario, una tarea que –según dijo– ya desempeñaba durante la campaña electoral.
“La hija del presidente sigue ayudando exactamente en lo mismo que ayudó en la campaña electoral. Ella no tiene ninguna otra responsabilidad en la gestión de Gobierno, y no recibe ningún pago. Al igual que hizo durante la campaña, ayuda a manejar las redes personales de su señor padre”, dijo.
Gálvez remarcó que el pronunciamiento de Morales no se ajusta a la realidad e insistió que Catalina no forma parte de la estructura del Gobierno ni ejercer funciones oficiales, aunque sí colabora en el ámbito comunicacional.
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En esa línea, la Unidad de Comunicación Estratégica del Estado emitió un comunicado en el que aclara que la hija del jefe de Estado colabora únicamente en la gestión de sus plataformas personales.
“Como hija del primer mandatario, lo apoya en el manejo de sus redes personales, lo que ya hizo durante la campaña electoral”, señala el pronunciamiento de la unidad estatal encargada de la comunicación gubernamental.
La Unidad de Comunicación Estratégica del Estado fue creada mediante el Decreto Supremo 5566 como una institución pública descentralizada encargada de diseñar y ejecutar políticas y estrategias de comunicación gubernamental.
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Según la normativa, esta entidad cuenta con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, además de patrimonio propio, y funciona bajo tuición del Ministerio de la Presidencia.