La diputada de Alianza Libre, Lissa Claros, junto al diputado Aime Hecker, presentó una denuncia penal en el Ministerio Público de La Paz contra el exministro Gabriel Espinoza por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley y daño económico al Estado. Los legisladores acusan al exfuncionario de haber dispuesto bonos por más de mil millones de dólares sin la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, una atribución que establece la Constitución Política del Estado.
Según Claros, la decisión de «acomodar» los bonos se tomó a título personal y con criterio individual, presuntamente con la participación de otros cómplices. La diputada señaló que esta acción viola directamente la norma constitucional que obliga a que cualquier deuda o emisión de recursos pase por el control y autorización del Legislativo, y que al omitir ese paso se afectaron los intereses de toda la población boliviana.
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La diputada anuncio que solicitarán medidas cautelares para que el exministro responda ante la justicia. Entre los pedidos figuran el arraigo migratorio y el congelamiento de sus bienes, con el objetivo de evitar que abandone el país y garantizar la reparación del daño.
Además, la parlamentaria califico el hecho como un delito flagrante y advirtieron que no permitirán que el caso quede en la impunidad. “No vamos a permitir que nuevamente se sigan riendo en la cara de los bolivianos”, afirmó Claros, al exigir que la investigación avance con total imparcialidad y sin favoritismos.
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El caso se centra en el endeudamiento por 1.000 millones sin el aval legislativo y en los presuntos perjuicios a las arcas del Estado. La legisladora señaló harán seguimiento al proceso y que insistirán ante la Fiscalía para que se esclarezcan responsabilidades y se sancione a todos los involucrados.