La concejal municipal de La Paz, Casimira Lema, planteó realizar una auditoría técnica y judicial al contrato entre el Gobierno Municipal y la empresa de aseo urbano La Paz Limpia (LPL), en medio del conflicto que derivó en la suspensión del servicio ya se extiende por 15 días.
En conferencia de prensa, afirmó que antes de considerar una recisión del contrato se debe establecer, con respaldo documental, si existió incumplimientos contractuales y cuáles son las responsabilidades de cada parte.
“Una auditoría técnica, económica y pública puede determinar qué obligaciones está incumpliendo La Paz Limpia, qué obligaciones está incumpliendo el Gobierno Municipal de La Paz, cuánto se ha pagado hasta el momento, bajo qué conceptos y, algo muy importante, cómo funciona la estructura de costos”, declaró.
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Lema manifestó que el contrato del recojo de residuos debe ser transparentado y sometido a una revisión integral.
Hace más de 10 días que la ciudad de La Paz está sin servicio de recojo de basura debido a la falta de un acuerdo entre LPL con la Alcaldía. El lunes, la Brigada Parlamentaria promovió una reunión entre ambas partes, pero fue suspendida después de un cuarto intermedio.
Según Dockweiler, las empresas de aseo urbano no asistieron, pese a la existencia de un preacuerdo con los trabajadores de base, quienes abandonaron el encuentro poco después.
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Ante la acumulación de residuos en las principales calles y avenidas del municipio, la Alcaldía movilizó personal y maquinaria para realizar trabajos de recojo y limpieza, además ofreció remuneraciones diarias, tanto a voluntarios como vehículos particulares, que contribuyan a los operativos ediles.
De acuerdo a información municipal, más de 600 personas, además de volquetas, camionetas y otros vehículos se encuentran desplazados para retirar los residuos acumulados.
Lema cuestionó la respuesta de la Comuna frente a la emergencia y consideró que el programa denominado Plan de Emergencia de Gestión del Aseo (PEGA) no es sostenible.
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“Hay improvisación en el PEGA. La Paz necesita un plan sostenible”, afirmó Lema, quien solicitó transparentar el origen de la maquinaria y los recursos empleados para enfrentar la emergencia sanitaria.
En ese marco, exhortó al burgomaestre y a los ejecutivos de las empresas de aseo urbano reinstalar el diálogo, aunque cuestionó los condicionamientos formulados por el Gobierno Municipal.
Los trabajadores de aseo exigen ajustar el costo que le implica a la empresa el incremento salarial y la subida del precio de los hidrocarburos. Desde el inicio el conflicto, hubo un acuerdo sobre el ajuste presupuestario por la nivelación del precio del combustible, pero aún no existen avances en lo relativo al incremento salarial.
Al actual conflicto, la concejal advirtió que se podría sumar el cierre del relleno sanitario de Sak’a Churu, cuyo contrato con la Alcaldía finaliza este 30 de agosto.