La Defensoría del Pueblo de Bolivia alertó sobre «graves vulneraciones» de derechos humanos en los centros penitenciarios del país, con un problema «crítico» de hacinamiento, insuficiencia de personal y colapso de los servicios sanitarios en estas infraestructuras, entre otros aspectos.
La entidad defensorial mencionó en un boletín de prensa que el Informe Anual 2025 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que está a su cargo, «revela graves vulneraciones de derechos humanos en los centros penitenciarios y carceletas provinciales del país».
Entre los principales hallazgos del informe están «el hacinamiento crítico, que obliga a las personas privadas de libertad a pernoctar en pasillos y otros espacios no destinados para este fin» y el retraso «sistemático» en el pago de los «prediarios», la pensión alimenticia de 8 bolivianos (unos 69 centavos de dólar) que reciben del Estado todos los días.
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También se reportó un «colapso de pozos sépticos y sistemas de alcantarillado, escasez de agua y acumulación de residuos» en estos centros. También se identificó «la insuficiencia de personal policial, la ausencia de equipos multidisciplinarios y la limitada presencia de la defensa pública, especialmente en cárceles provinciales».
El informe da cuenta de que en 2025, la población carcelaria era de 33.058 personas, con un incremento cercano al 100% respecto a los 17.305 reclusos registrados en 2020.
Por otra parte, más del 50% de las personas recluidas «no tiene condena firme», lo que supone que el sistema está «operando como depósito humano, vulnerando sistemáticamente la presunción de inocencia».
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La defensoría señaló que el informe del MNP «evidencia que los delitos relacionados con sustancias controladas constituyen una de las principales causas de encarcelamiento de mujeres en Bolivia», ya que el 60 % de la población carcelaria femenina tiene procesos por «tráfico, suministro y transporte» de drogas.
«En muchos casos, estas mujeres ocupan los eslabones más bajos y vulnerables de las estructuras del narcotráfico, como transportistas o ‘mulas’, y enfrentan penas que pueden oscilar entre 10 y 25 años», mencionó la institución.
Además, hasta fines de 2025, se reportaron unos 190 niños que viven en las cárceles junto a sus madres, sin que estos centros penitenciarios ofrezcan una «alimentación diferenciada» o un «prediario destinado» a estos menores.
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Según el reporte, hay tan solo 86 profesionales de la salud para atender a los más de 33.000 reclusos y, «como consecuencia directa de esta saturación y del limitado acceso a los servicios de salud, se estima que el 90,64 % de las muertes bajo custodia en centros penitenciarios se deben a enfermedades».
El informe incluyó 14 recomendaciones, entre ellas, que la Justicia incremente las «jornadas de descongestionamiento», por las que se efectúan audiencias en los penales y se aplican salidas alternativas o beneficios procesales a los reclusos para reducir el hacinamiento.
También recomendó «fortalecer» la atención a las reclusas y sus hijos, «garantizar equipos multidisciplinarios y mejorar los mecanismos de reinserción laboral», entre otros.
// EFE