En medio del cuarto intermedio entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, descartó la posibilidad de conceder una amnistía general a las personas aprehendidas durante los 49 días de bloqueos y movilizaciones, y cuestionó que las condiciones planteadas por la dirigencia sindical para reinstalar el diálogo exceden sus atribuciones y corresponden netamente al órgano Ejecutivo.
Las conversaciones ente ambas partes comenzó la tarde del miércoles en la ciudad de La Paz y se extendió hasta las horas de la noche, cuando se declaró un cuarto intermedio debido a la demanda del secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, de liberar a todos los manifestantes intervenidos, particularmente, a quienes hicieron frente a las fuerzas de seguridad y fueron detenidos durante los operativos de desbloqueo.
No obstante, las autoridades nacionales, a la cabeza del presidente Rodrigo Paz, y los dirigentes del ente obrero acordaron la creación de una comisión jurídica que evalúa cada caso en particular. Al respecto, el ministro Lupo señaló que el Gobierno no puede aceptar la liberación indiscriminada de todos los detenidos, debido a que varios enfrentan investigaciones por presuntos hechos de violencia, daños a bienes públicos y privados, además de agresiones contra efectivos policiales y ciudadanos.
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En ese sentido, sostuvo que una amnistía general resultaría inviable ante la existencia de procesos vinculados a posibles delitos cometidos durante las movilizaciones.
“Se va a hacer un esfuerzo en términos de lo que se pueda y sea razonable, pero de ninguna manera se puede establecer una amnistía general como ellos proponen, porque esas son condiciones absurdas”, declaró a la red Uno.
Recordó que los hechos de violencia durante el desarrollo de las manifestantes dejaron policías heridos, entre ellos un efectivo que perdió la visión en un ojo, y una uniformada que permanece hospitalizada por golpes en la cabeza. Ante ello, insistió que corresponde a la justicia determinar las responsabilidades individuales y no aplicar un perdón colectivo.
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Asimismo, Lupo remarcó que la principal condición para avanzar en las conversaciones es la suspensión de las medidas de presión. Según explicó, la desmovilización total, principalmente en La Paz, debe ser el primer paso para generar las condiciones necesarias que permitan retomar el diálogo y buscar una salida a la crisis.
“La condición básica que tenemos que poner todos los bolivianos, no solo la COB, no solo el Gobierno, es la desmovilización; es permitirle a este departamento que pueda trabajar, trasladarse y respirar en paz”, afirmó.
Sin embargo, la federación de campesinos ‘Tupac Katari’ de La Paz, que mantiene los puntos de bloqueo en las principales carreteras de la región, no participa en las actuales conversaciones con el Gobierno. Incluso, la dirigencia del sector ratificó la continuidad de las protestas y presentó su propio pliego para acceder al diálogo, entre ellas un decreto de amnistía presidencial para sus afiliados detenidos.
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Por otra parte, el titular de la cartera de la Presidencia cuestionó los planteamientos expresados por Argollo, al considerar que incluyen temas relacionados con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la política de precios de los combustibles y la elaboración de normas y decretos, asuntos que —según afirmó— son competencia exclusiva del Gobierno.
“Las otras condiciones que se ponen (además de la amnistía) son condiciones casi de querer cogobernar”, consideró.
Las declaraciones surgen después del primer acercamiento sostenido entre el Ejecutivo y la dirigencia de la COB con el objetivo de encontrar una solución al conflicto social y político que atraviesa el país.