La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) rechazó la ampliación del Estado de excepción, criticó a los representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que respaldaron la medida y anunció la convocatoria a un ampliado nacional para definir futuras acciones.
Mediante un pronunciamiento oficial, el presidente de la federación nacional, Josué Richard Caricari, aseveró que el Decreto Supremo 5707, que dispone la ampliación por 90 días del régimen de excepción, representa una “mordaza” y un mecanismo de persecución para contener los legítimos reclamos de las organizaciones sociales.
Sostuvo que el Gobierno utilizó el plazo inicial de la medida para emitir distintos decretos supremo que trasladaron la crisis económica a la población, en lugar de aplicar acciones efectivas para restaurar el poder adquisitivo y reactivar el movimiento económico.
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“Estamos poniendo una mordaza ¿Para qué? ¿Para que no podamos reclamar nuestros justos derechos?”, cuestionó.
La madrugada de este jueves, la Asamblea Legislativa aprobó “por mayoría absoluta» la ampliación del Estado de excepción por otros 90 días, medida que fue decretada por el Gobierno ante los anuncios de sectores sociales de movilizarse contra las medidas económicas que impulsa el Ejecutivo. De 158 asambleístas, 100 votaron a favor de extender la medida.
Caricari acusó a los legisladores de “ser cómplices” de la administración nacional en la implementación de políticas señaladas como responsables del deterioro de las condiciones de vida de la población.
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“De estar con el pueblo, estos parlamentarios no hubieran ni siquiera tomado en cuenta la ampliación”, afirmó el dirigente.
Observó que el debate legislativo no consideró el impacto social y propuso que, junto a la aplicación del nuevo plazo del régimen de excepción, el órgano Legislativo considere un corte salarial para diputados y senadores. “Aquí hay que sufrir todos”, dijo.
De igual forma, el dirigente cooperativista exigió a la Asamblea Legislativa otorgar la misma importancia al tratamiento de contratos mineros que –según dijo– “llevan 15 años paralizados”, en demanda de que se otorguen a la organización las garantías necesarias para trabajar y dinamizar la economía. “Necesitamos trabajar. Necesitamos hacer un realce económico en nuestro país”, señaló.
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“Cuando vemos, principalmente, que este decreto no es simplemente una mordaza, sino una persecución, no hay miedo. Este sector siempre va a estar en defensa de su pueblo y lo va a estar (…) Por eso es el rechazo contundente del Directorio de Fencomin a este Decreto Supremo 5707”, aseveró.
En ese marco, Caricari ratificó el derecho constitucional a la protesta y anunció que la organización convocará a un ampliado nacional para definir las acciones y determinaciones que asumirán frente a la ampliación del Estado de excepción.
Cuestiona el acuerdo del FMI
El dirigente cooperativista criticó el endeudamiento del país mediante financiamientos externos, como el crédito acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y denunció la privatización indirecta de empresas estratégicas, entre ellas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
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«Estamos queriendo endeudar a nuestro país teniendo recursos, teniendo riqueza en nuestro país”, cuestionó.
Expresó también su preocupación ante posibles incrementos en los costos de servicios básicos como agua, electricidad, gas y el incremento en el precio de la garrafa de GLP.
“No podemos aceptar que mañana o pasado se afecte al agua, a la electricidad, se afecte al gas”, señaló.
Por último, el dirigente de la Fencomin exhortó a los legisladores revisar las políticas económicas del Gobierno y evitar mayores perjuicios para los sectores vulnerables de la población.