La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, junto a Bartolina Sisa, COB, transportistas, FEJUVE La Paz, distritos de El Alto, autoconvocados y sectores de Oruro y Potosí, remitieron un documento al presidente Rodrigo Paz con cinco condiciones para un posible acercamiento y la búsqueda de una solución a la crisis. Las organizaciones advierten que estas peticiones deben ser atendidas en un plazo de 24 horas y sostienen que el documento busca abrir un canal de diálogo con el Gobierno.
La primera condición es la creación inmediata de una comisión de revisión del combustible para verificar la calidad del carburante antes de su ingreso y distribución en el país. Exigen “gasolina basura” y la anulación de contratos si se confirma que el combustible importado no cumple estándares de calidad, además de resarcimiento inmediato por daños en vehículos y maquinaria.
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Como segunda petición, solicitan alivio económico por seis meses. Piden la regulación temporal de obligaciones financieras con congelamiento de intereses, cargos por mora, multas e intereses penatorios sobre créditos vigentes para transportistas, gremiales, artesanos, productores, emprendedores y otros sectores afectados por las movilizaciones.
La tercera y cuarta condición apuntan a normas y garantías. Exigen la abrogación de decretos supremos considerados inconstitucionales que, según el documento, afectan al sector popular, al medio ambiente, a las empresas públicas y a los recursos naturales, incluidos los relacionados con minería e importación de combustibles por privados. También demandan la emisión inmediata de un decreto de amnistía presidencial para frenar la persecución política, judicial y económica contra dirigentes, detenidos y cautelados, además de la devolución de garantías y resarcimiento integral para familias de heridos y fallecidos.
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La quinta condición es la abrogación inmediata de la Ley N° 1740 sobre estados de excepción, al considerar que atenta contra la vida del pueblo boliviano y permite el despliegue de militares en tareas de control interno. El documento también pide investigar y desarticular grupos de choque paraestatales que, según las organizaciones, habrían actuado durante las movilizaciones.