La Fiscalía activó una investigación contra un hombre acusado de solicitar dinero a funcionarios de la empresa estatal Cartones de Bolivia (Cartonbol), argumentando que actuaba por encargo de un diputado. Los recursos, según las pesquisas, estaban destinados a la compra de alimentos para los manifestantes en los puntos de bloqueo en Oruro.
El hecho ocurrió el 12 de junio. Según el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, el sujeto llegó a las oficinas de la compañía, ubicada en la capital departamental, y solicitó una reunión con el gerente, alegando que era un “enviado” de un parlamentario, de cual no precisó el nombre.
Durante el encuentro, exigió la entrega de 2.000 bolivianos, pero ante la presencia de otros dos funcionarios en el encuentro, solicitó quedarse a solas con la autoridad para continuar con la conversación.
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Sin embargo, el nerviosismo del hombre al momento de justificar el pedido ni explicar el destino real de los recursos levantó sospechas entre los funcionarios y derivó en su retención hasta la llegada de efectivos policiales.
El fiscal Morales detalló que el dato más llamativo del caso, de acuerdo a las primeras investigaciones, es que el propio sujeto admitió que utilizó la misma modalidad en otras instituciones publicas para solicitar el dinero.
“El refiere que habría visitado varias instituciones antes de presentarse en Cartonbol, donde habría indicado que muchas instituciones ya dieron su aporte para apoyar a los que estaban bloqueando y llevarles, más que todo, alimentos”, detalló.
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El hombre fue aprehendido y la Fiscalía ya emitió la resolución de imputación formal por el delito de concusión. “El mismo guardó silencio a mérito de sus garantías constitucionales y fue imputado”, declaró Morales sobre el proceso penal.
Confirmó también que el Ministerio Público solicitó la detención preventiva en el penal de San Pedro de Oruro para el sospechoso, mientras se desarrollan las investigaciones.
Al respecto, Cartonbol anunció que presentó una denuncia formal ante las instancias competentes y coadyuvará plenamente con todas las actuaciones investigativas necesarias para el esclarecimiento de este hecho, con el objetivo de determinar responsabilidades y evitar que situaciones similares puedan afectar a los trabajadores o a la institución.
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Hasta el momento, no existe otras denuncias relacionadas al cobro de dinero en instituciones públicas para respaldar las protestas sociales en el país.