La Central Obrera Boliviana (COB) confirmó este lunes la aprehensión de cinco de sus dirigentes en la ciudad de El Alto; sin embargo, denunció excesos durante la intervención policial y la falta de un justificativo o la presentación de un mandamiento de aprehensión.
Mediante un comunicado, el ente obrero indicó que los dirigentes circulaban en un vehículo particular el pasado domingo cuando fueron interceptados violentamente por “sujetos encapuchados vestidos de civil y con armas”, quienes no portaban identificación in una orden judicial para respaldar la detención.
La aprehensión fue ejecutada –de acuerdo con el pronunciamiento– luego de que los encapuchados lanzaron gas lacrimógeno al interior del motorizado.
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“Este accionar cobarde e irregular constituye una flagrante vulneración a la Constitución Política del Estado, específicamente a los derechos a la vida, a la integridad física, fuero sindical, al debido proceso y a la prohibición expresa de detenciones arbitrarias sin orden judicial ni flagrancia”, indica.
La tarde del domingo circularon videos en redes sociales que muestran la aprehensión de al menos cinco dirigentes de la COB, quienes denunciaron que fueron interceptados por efectivos policiales que no presentaron identificación.
La grabación fue realizada desde el interior de un vehículo, donde los detenidos denuncian que están siendo retenidos y piden auxilio de manera insistente. “¡Ayuda, ayúdennos! ¡Somos de la COB! ¡Nos están deteniendo!”, se escucha decir a voces masculinas y femeninas.
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De acuerdo a reportes preliminares, las personas aprehendidas fueron identificadas como Limber Onofre, Patricia Sánchez, Hever Bravo y Serghio Onofre, quienes fueron trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la ciudad de La Paz.
En el comunicado, la COB también denuncia la difusión de videos en redes sociales que evidencian indicios de “tortura y violencia humana” contra los dirigentes. “Estas acciones violan de manera directa tratados internacionales suscritos por Bolivia (…) configurando un claro caso de amedrentamiento y persecución sindical inaceptable en un Estado de derecho”, agrega.
En esa línea, el ente matriz exigió la liberación inmediata de los dirigentes y piden la intervención en el caso de la Defensoría del Pueblo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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“Nos declaramos en estado de emergencia nacional, exigiendo la sanción de los responsables materiales e intelectuales de este operativo y advertimos que la clase obrera no permitirá que se criminalice la labor dirigencia”, finaliza el comunicado.
Posterior al operativo, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, acudió hasta las instalaciones de la FELCC de La Paz para –según dijo, “recabar información institucional con relación a las personas aprehendidas” y corroborar el cumplimiento del procedimiento correspondiente.