Cuatro personas serán procesadas por daño económico al Estado relacionado a la toma del pozo petrolero por campesinos en la localidad de Santa Ana del Sara, tras un operativo que se prolongó por más de dos horas y derivó en enfrentamientos con los movilizados. Una de las acusadas tenía en su poder más de 10.000 bolivianos sin justificar.
El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, confirmó el número de investigados por la ocupación del predio de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el restablecimiento de la normalidad en el lugar.
“Tenemos cuatro personas aprehendidas, las cuales serán procesadas por daño económico al Estado”, declaró.
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Explicó que los sindicados enfrentan cargos por el cierre de válvulas dentro del campo petrolero.
La tarde del martes, un grupo de campesinos que respaldan las protestas sociales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz instalaron un bloqueo en las vías de acceso al predio e ingresaron a las instalaciones de la petrolera estatal.
La madrugada de este miércoles, un contingente policial llegó al lugar para persuadir a los manifestantes mediante el diálogo. Sin embargo, los movilizados rechazaron abandonar el área e intentaron frenar el avance de los uniformados lanzando piedras y petardos.
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“En el lugar, (los uniformados) tuvieron que vencer varios obstáculos como ramas, troncos, que han ido limpiado en el trayecto. Cuando llegaron a la planta, sufrieron la resistencia de estas personas, en una cantidad de 200, los cuales rechazaron el diálogo y fuimos sujetos de agresiones con petardos y otros elementos”, declaró el jefe policial.
Los elementos de la Policía utilizaron agentes químicos para dispersar a los movilizados y recuperar los predios tomados. Tras varios momentos de tensión, el contingente obtuvo el control de la zona e interceptó a ocho personas que fueron derivadas a dependencias policiales.
“Retomamos la planta sin novedades de importancia”, afirmó la autoridad policial.
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Del total de los acusados, Gómez detalló que cuatro permanecen en calidad de aprehendidos, una de ellas tenía en su poder 14.000 bolivianos, que no supo justificar su procedencia.
La sospechosa llevaba el efectivo en cortes de 100 y 200 bolivianos y una lista de personas, que se presume serían quienes estaban en el lugar participando de la ocupación del campo petrolero.
Este hecho es investigado por la Policía. Se presume que el dinero estaba destinado a financiar la movilización, aunque se aguarda un informe oficial en las próximas horas.
La autoridad policial anunció que el contingente policial permanecerá en el pozo petrolero para garantizar la reanudación de operaciones y evitar nuevas incursiones de parte de manifestantes.