El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, sostuvo una reunión con representantes de “alto nivel” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde denunció presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales de parte del Gobierno nacional en torno a las movilizaciones y bloqueo de carreteras de sectores que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Una reciente publicación de la entidad indica que, durante el encuentro, el mandatario “expuso su preocupación por las presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales, la persecución a líderes sociales, el uso desproporcionado de la fuerza y el incumplimiento de recomendaciones internacionales por parte del Gobierno”
La Vicepresidencia señaló que la autoridad solicitó restablecer la convivencia pacífica en el país mediante “puentes de diálogo reales, inclusivos y sin condiciones”, como mecanismo para superar la conflictividad social y preservar la paz.
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La reunión se produjo un día después de que la CIDH emitió un pronunciamiento oficial, en el que expresó su preocupación por la situación de Bolivia y exhortó a los sectores movilizados garantizar corredores humanitarios para ambulancias y el abastecimiento de alimentos
El organismo también pidió al Estado boliviano resguardar el derecho a la protesta y priorizar el diálogo político ante cortes de vías prolongados que afectan derechos esenciales como la salud, la alimentación y la vida.
“El Estado debe garantizar el derecho a la protesta y, ante bloqueos prolongados y que comprometen el derecho a vida, salud o aprovisionamiento de alimentos, priorizar el diálogo político y asegurar que el uso de la fuerza sea el último recurso”, dice el pronunciamiento oficial.
Desde hace tres semanas, Bolivia atraviesa una escalada de conflictos sociales encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), organizaciones campesinas y grupos afines al expresidente Evo Morales, quienes mantienen bloqueos y movilizaciones en demanda de la renuncia del primer mandatario.
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En las ciudades de La Paz y El Alto, las medidas de presión ya provocan problemas de abastecimiento de combustible, medicamentos y alimentos, además de afectar el transporte y la actividad económica.