La Policía y la Policía Militar desplegaron efectivos y reforzaron los anillos de seguridad en alrededores de la plaza Murillo, en La Paz, ante los anuncios de nuevas movilizaciones previstos para este jueves.
Las acciones de las fuerzas de seguridad incluyen la participación de efectivos antidisturbios y la instalación de rejas de metal para evitar un eventual avance de los sectores movilizados, además de.
Ante esta situación, el subcomandante departamental de la Policía, coronel Martín Gálvez, informó que los accesos a kilómetro cero estarán restringidos y custodiadas por un nutrido contingente de seguridad.
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“Estamos tomando las previsiones necesarias para mantener plaza Murillo resguardada”, declaró.
Luego del mensaje del presidente del Estado, Rodrigo Paz, sobre el conflicto que ya lleva tres semanas, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a todas las instituciones afiliadas y no afiliadas a participar de «la gran concentración y marcha de unidad y lucha” para este jueves.
De acuerdo al pronunciamiento, la movilización partirá desde la Ceja de El Alto rumbo a la sede de Gobierno, en una nueva jornada de movilización en demanda de la renuncia del primer mandatario.
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Días atrás, una manifestación de sectores afiliados al ente obrero intentó romper el cerco policial para tomar plaza Murillo. Los enfrentamientos con la Policía derivaron en agresión a uniformados, trabajadores de la prensa y civiles, además de saqueos y destrozos en bienes públicos y privados.
Gálvez apeló a la conciencia de los dirigentes sindicales para evitar hechos de violencia durante las manifestaciones en La Paz.
En el marco de los bloqueos de carreteras y episodios de violencia durante las protestas sociales del lunes, la Fiscalía activó un proceso penal contra el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y emitió una orden de aprehensión.
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El máximo dirigente sindical del país enfrenta cargos por instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.