YPFB Refinación denunció un presunto daño económico superior a los 1.000 millones de bolivianos tras la firma de contratos con la empresa Indueste para la provisión de soya destinada a las plantas de biodiésel en Santa Cruz.
La estatal señala a exdirectivos y exfuncionarios por posibles irregularidades en la modificación de reglamentos internos y en el desembolso anticipado de recursos del Estado.
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“Lo que nosotros presumimos es que esta modificación se hizo exclusivamente para beneficiar a Indueste”, afirmó Eduardo Saucedo, gerente de Asuntos Legales de la compañía.
Jorge Plaza, director de Auditoría Interna de YPFB Refinación, explicó que el caso comenzó en abril de 2024, cuando se modificaron normas relacionadas con garantías y mecanismos de control. Esto permitió firmar dos contratos millonarios con Indueste y realizar el pago anticipado del 100% del monto acordado, pese a que los convenios tenían vigencia de un año y no contaban con garantías suficientes.
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La estatal sostiene que la empresa incumplió la entrega total del producto comprometido y solo habría entregado un 18% de la materia prima. “La compañía se quedó con los mil millones de bolivianos y no cumplió el contrato”, afirmó Plaza.
Por su parte, Saucedo indicó que la investigación también involucra a exautoridades y funcionarios que aprobaron los cambios internos y los desembolsos. La empresa advirtió que el proceso judicial podría complicarse luego de que el caso fuera derivado del ámbito penal a la vía civil.