La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz admitió una acción popular interpuesta por el exdiputado Amílcar Barral en contra de dirigentes y autoridades de Gobierno por las movilizaciones y bloqueos que mantienen cercados a La Paz y El Alto desde hace más de una semana. La audiencia fue pública programada para las 15:30 horas del 15 de mayo, mediante la plataforma Zoom.
La demanda fue interpuesta contra el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; del senador Nilton Condori; y del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
La Sala Constitucional también dispuso notificar a las partes demandadas y solicitó la presentación de informe y antecedentes relacionados con el caso, vinculado a la convocatoria a movilizaciones y una presunta omisión de intervención.
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“El Gobierno y la justicia tienen que levantar los bloqueos y meter a la cárcel a los incitadores, organizadores y financiadores”, afirmó Barral en redes sociales.
Las manifestaciones diarias y los puntos de bloqueo instaladas en las principales carreteras del departamento de La Paz, tras la convocatoria de la COB, la federación de campesinos de La Paz, y sectores sociales afines al expresidente Evo Morales, comienzan a generar estragos en el abastecimiento de alimentos, medicamentos, insumos médicos, entre otros.
Reportes también apuntan a los movilizados con la obstaculización del paso de ambulancias, cobros ilegales y altercados con transeúntes que rechazan la medida.
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En un inicio, la dirigencia de la COB y otras organizaciones exigían atención a demandas sectoriales, sin embargo, las peticiones se radicalizaron. Ahora, los sectores movilizados piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El Ejecutivo descartó una posible dimisión del primer mandatario y advirtió con iniciar procesos legales contra quienes vulneren el orden constitucional.