Bolivia ofrecerá a los inversores extranjeros un régimen de incentivos con estabilidad tributaria por 20 años y la anulación de una alícuota adicional sobre sus utilidades para estimular una pronta llegada de los capitales para la explotación de su riqueza minera, que es similar a la de Chile y Perú, afirmó a EFE el ministro de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca.
El funcionario prepara el nuevo proyecto de ley para el sector que, tras el declive de los ingresos por el gas natural, vuelve a cobrar protagonismo en la economía del país gracias a los altos precios de los minerales.
«Cuando nos hicimos cargo del ministerio, el 55 % de las exportaciones provenía del sector minero, 55 dólares de cada 100, y los resultados de enero y febrero muestran un salto aún mucho más importante, 78,8 % proviene de la minería», dijo el ministro.
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La reforma reemplazará a la actual Ley de Minería y Metalurgia de 2014, promulgada por el entonces presidente Evo Morales (2006-2019), una norma que, según Calderón de la Barca, «no ha traído ningún nuevo emprendimiento».
Para atraer a los inversores, explicó, se planteará un régimen de estabilidad tributaria por 20 años y la anulación de la denominada «alícuota adicional sobre las utilidades de las empresas«, que actualmente es de 12,5 %, y se aplica a las ganancias extraordinarias cuando hay precios altos para los minerales.
En cambio, seguirá vigente el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de 25% y se mantendrá el pago de regalías del 5% para compensar a las regiones por la explotación de recursos naturales.
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La propuesta también promoverá la riqueza minera del país en el mundo para dar «un salto» en las inversiones, lo que supone ofrecer seguridad jurídica y estabilidad, agregó la autoridad.
Bolivia está en la mira de los posibles inversores por la diversidad de su riqueza en minerales estratégicos y críticos como el litio, además de tierras raras, al tener el yacimiento ‘Cerro Manomó’ en la región de Santa Cruz (este).
El ministro explicó que la producción de minerales en Bolivia responde a una «especialización», ya que el Estado está enfocado en el estaño, el sistema cooperativizado explota el oro, y las empresas privadas y algunas cooperativas trabajan en la producción de plomo, plata y zinc.
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También señaló que los costos de operación del sector minero en Bolivia son del 70% sobre los ingresos, un porcentaje que se reparte entre salarios, energía, insumos y transporte, entre otros.
El ministro citó la cifra para exponer que la minería hace un aporte significativo a la economía nacional, pero «la gente no se da cuenta» y en general crítica al sector.
«Bolivia fue, es y será minera. Entonces, estamos retornando precisamente a un espacio en el cual la minería está jugando un rol muy importante», sostuvo.
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En el primer trimestre del año, las exportaciones de minerales de Bolivia sumaron un valor de 2.631 millones de dólares, un 163% más que los 1.000 millones recibidos en el mismo periodo de 2025, según datos oficiales.
«La coyuntura de precio ha sido tan buena y tan expectable que todos los actores han dicho ‘es el momento de producir más’«, agregó Calderón de la Barca.
El propio presidente Rodrigo Paz ha señalado estos días que «no puede ser» que empresas mineras públicas y privadas de Bolivia registren operaciones anuales solamente por 6.000 millones de dólares, mientras que su vecino Perú mueve anualmente 50.000 millones y Chile, 65.000 millones.
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«No es lógico, algo está mal«, dijo Paz y consideró que el territorio boliviano es «más rico» en minerales.
Para tratar estos temas y definir «el esqueleto» de la reforma legal, según el ministro, el Gobierno ha convocado a una «Cumbre de Minería» del 18 al 20 de mayo, de tal forma que el proyecto de ley sea sistematizado y socializado para ser presentado ante el Legislativo a fines de julio.
// EFE