El exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, acudió a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz para comparecer dentro de la causa penal abierta por presuntas irregularidades en la compra de crudo de petróleo.
La exautoridad llegó a dependencias policiales al promediar las 09:00 horas, en compañía de su abogado. “Tenemos un caso abiertos por los delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes. (La exautoridad) declaró en calidad de testigo”, informó el jefe de la División de Corrupción Pública de la fuerza anticrimen, capitán Fabio Gonzales.
Medinaceli evitó brindar declaraciones a los medios de prensa antes de ingresar al edifico policial, según reportó la red Unitel.
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Según e jefe policial, la Fiscalía no descarta convocar a otros presuntos implicados en la presunta adquisición de crudo de petróleo de parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a la empresa internacional Trafigura.
Por este caso, el Ministerio Público realizó dos allanamientos simultáneos en oficinas de la petrolera estatal ubicadas en La Paz y Santa Cruz, con el objetivo de “verificar los contratos firmados para la adquisición de barriles de crudo y corroborar si existen los ilícitos denunciados”.
El expresidente de YPFB, Yuseff Akly, también fue convocado a declarar para este lunes en Santa Cruz, pero no acudió a la cita. Al respecto, el jefe policial señaló que, a través de su representante legal, solicitó reprogramar la audiencia.
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“Entiendo que él (Akly) presentó un memorial al Ministerio Público, donde solicita una reprogramación de su declaración testifical”, dijo.
El pasado viernes, el Gobierno denunció que el extitular de la petrolera estatal abandonó el país pese a la Ley de Arraigo e instruyó una investigación para identificar y sancionar a los responsables de la salida del ejecutivo. En respuesta, Akly negó las versiones de una posible fuga y aseguró que viajó a Estados Unidos (EEUU) por un tema familiar, y regresará a Bolivia este fin de semana.
Según la acusación, YPFB habría adquirido crudo con un sobreprecio considerable en comparación con gestiones pasadas, lo que configuraría un posible daño económico al Estado.