La Fiscalía lleva adelante una investigación por presuntas irregularidades en la apertura y operación de la ruta aérea Santa Cruz–La Habana, Cuba. El caso no solo implica al exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, aprehendido en Cochabamba y trasladado a La Paz el miércoles, sino también a cinco exmiembros del directorio de la aerolínea estatal y al exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.
Según el fiscal Walter Lora, todos los implicados participaron en la firma de la Resolución Administrativa 11/2022, que autorizó la mencionada ruta internacional.
“Se está investigando a todo el directorio, quienes han suscrito esta resolución administrativa”, informó.
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La denuncia fue presentada por el Gobierno el pasado 21 de abril, tras detectarse que la conexión aérea internacional habría generado pérdidas económicas para la empresa estatal. De acuerdo con Lora, los vuelos operaron con una cantidad de pasajeros insuficiente para cubrir los costos de funcionamiento.
La Fiscalía sostiene que en 2023 se ejecutaron 11 vuelos bajo esta ruta y que el perjuicio económico alcanzaría los 18,4 millones de bolivianos, monto que comprometería la responsabilidad de los exejecutivos investigados y del exministro Montaño, quien ejercía como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).
Durante su traslado, Casso evitó brindar declaraciones y se limitó a pedir que se consulte a su abogado, quien confirmó la aprehensión y el traslado a la sede de Gobierno.
El representante legal, Javier García, rechazó las acusaciones y afirmó que la evaluación sobre la ruta no puede limitarse únicamente a los resultados económicos inmediatos. “No observan la cantidad de pasajeros argentinos que han llegado a Bolivia para después ir a la Habana, eso no lo dicen, no lo muestran”, afirmó.
Recordó también que en 2024 Casso solicitó al directorio el cierre de la ruta internacional, debido a su baja rentabilidad; sin embargo, aseguró que esa decisión no prosperó porque existían acuerdos entre los gobiernos involucrados que obligaban a mantener la operación.
La denuncia también apunta a pagos realizados en Cuba fuera del sistema financiero internacional, lo que habría obligado a BoA a comprar dólares a una cotización elevada. Hasta el momento, existen seis exfuncionarios implicados en acciones relacionadas a conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Por último, la defensa cuestionó la competencia de la justicia de La Paz para llevar adelante el caso, argumentando que las oficinas centrales de BoA se encuentran en Cochabamba y que, por tanto, el proceso debería desarrollarse en ese departamento.