La Fiscalía de La Paz activó una investigación contra 13 dirigentes afines a la Central Obrera Boliviana (COB) luego de la toma de las instalaciones del Ministerio de Trabajo, registrada la tarde del miércoles en la ciudad de La Paz.
Según el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Henry Pinto, los involucrados enfrentan cargos por privación de libertad y allanamientos de instituciones públicas. Entre los detenidos figuran 12 hombres y una mujer.
“Preliminarmente puedo señalar que (los aprehendidos) han privado de libertad a los funcionarios públicos que estaban dentro de las oficinas”, informó.
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El reporte oficial señala que, durante la protesta, varios funcionarios y personas que se encontraban en el interior del edificio ministerial habrían sido retenidos por los manifestantes. El jefe de la FELCC indicó que está situación derivó en una intervención policial y el inicio de las acciones correspondientes.
Los dirigentes fueron conducidos a dependencias policiales, donde brindaron sus declaraciones informativas ante los investigadores y posteriormente la Fiscalía determinará si corresponde emitir imputaciones formales y solicitar medidas cautelares.
La intervención de las unidades de la fuerza del orden ocurrió cerca de las 14:45 horas, cuando efectivos ingresaron al edificio ubicado en la calle Yanacocha, entre Mercado y Potosí, con el objetivo de desalojar a los movilizados.
El conflicto surgió en medio de las protestas encabezadas por sectores afiliados a la COB, que exigen un incremento salarial del 20% y otras reivindicaciones laborales. Desde el Gobierno se sostuvo que la protesta sobrepasó la figura de una manifestación pacífica al afectar el funcionamiento de una entidad estatal.
Posteriormente, el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, cuestionó la irrupción al Ministerio de Trabajo y apuntó a un supuesto “sicariato sindical”, al señalar que no se puede permitir la toma de ministerios ni la retención de funcionarios públicos.
Asimismo, advirtió que el Ejecutivo asumirá una postura firme frente a este tipo de acciones y remarcó que cualquier hecho considerado delito deberá ser procesado conforme a la Constitución y las leyes vigentes.