Luego de la firma de un acuerdo entre el Gobierno y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) para impulsar la abrogación de la Ley 1720, de conversión voluntaria de tierras, en el órgano Legislativo, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) expresó su rechazo y anunció una asamblea de productores de emergencia para definir medidas de presión progresivas en defensa de la norma.
En conferencia de prensa la noche del miércoles, el presidente de la CAO, Klaus Frerking, declaró el estado de emergencia de la institución en repudio a lo que consideró un “retroceso histórico” del Gobierno.
«El sector agropecuario boliviano, que hoy representa el principal motor de las exportaciones no tradicionales de todo un país, superando incluso a los hidrocarburos, expresa su rechazo categórico e indignado ante dos acciones del Gobierno que constituyen un retroceso histórico: la promoción de la abrogación de la Ley 1720 y la promulgación del Decreto Supremo 5613″, aseveró.
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El decreto 5613, aprobado el 27 de abril, establece lineamientos, para la dotación y titulación de tierras en la Amazonia, priorizando los departamentos de Pando y Beni, en favor de comunidades campesinas e indígenas. La norma fue publicada por la administración de Rodrigo Paz en un intento por frenar el avance de la marcha que partió de norte del país, en contra de la Ley 1720.
Al llegar a La Paz, los manifestantes, compuestos por indígenas y campesinos, dejaron una carta al presidente para ser recibidos, pero, hasta el momento no hubo ningún contacto con el Gobierno y los marchistas ya están tres días en la capital política del país.
En paralelo, el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, informó de un acuerdo entre el Gobierno y la dirigencia de la confederación campesina para impulsar la revisión de la norma en la Asamblea Legislativa para incorporar distintas posiciones. El acuerdo fue rechazado por los marchistas.
Frerking consideró que estas medidas «no son un error técnico, son decisiones políticas que tienen un costo humano concreto», al remarcar que miles de pequeños productores no pueden acceder, hasta ahora, al crédito formal seguirán excluidos de todo un sistema financiero, no por falta de activos, “sino por una normativa que el propio Gobierno defiende a espaldas de sus necesidades”
“La Ley 1720 es la única respuesta concreta a todo el problema que ellos viven. El Gobierno la promovió (la ley), la firmó y ahora la abandonó. Eso no es gobernanza, es incoherencia al servicio de intereses que no son los del pueblo boliviano», recriminó.
Afirmó también que la situación actual del país es consecuencia de las políticas económicas de anteriores administraciones y que insistir en “fórmulas que nos trajeron hasta aquí” no es una opción para los productores del oriente, “es una irresponsabilidad que pagaremos todos los bolivianos”.
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En ese sentido, la CAO exigió al Gobierno la abrogación del Decreto Supremo 5613 y el retiro de todo apoyo gubernamental a la abrogación de la Ley 1720. Caso contrario, advirtió con activar medidas de presión progresivas, comenzando con la asamblea de productores de emergencia, prevista para el 14 de mayo en Montero.
Frerking precisó que la institución no busca subsidios, sino reglas claras, seguridad jurídica y acceso al crédito, y finalizó con mensaje directo al Ejecutivo: «Si eso es demasiado pedir, el país entero merece saberlo».
La posición de la CAO fue respaldada por el Comité Cívico de Santa Cruz, que también rechazó una posible abrogación de la Ley 1720 y pidió el respaldo de la Brigada de Santa Cruz en el órgano Legislativo.