El exdiputado Amílcar Barral presentó un proyecto de ley que otorga a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la facultad de destituir del cargo al Presidente, Vicepresidente y autoridades electas por motivos de “incapacidad moral o psicológica”.
“Con este proyecto de ley se estaría dando pie a que la Asamblea Legislativa pueda destituir desde el presidente, vicepresidente, diputados, senadores; las asambleas departamentales a sus gobernadores, y los concejos municipales a sus alcaldes, si tuvieran este tipo de impedimentos”, declaró Barral, quien formalizo la entrega de la propuesta este lunes.
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Según el exlegislador, la propuesta apunta a desarrollar el artículo 170 de la Constitución Política del Estado (CPE), que refiere el impedimento y la ausencia indefinida como causales de cese de funciones, pero que no cuenta con una reglamentación que detalle su aplicación en la práctica.
Explicó que se busca regular la cesación del mandato de los mandatarios y otras autoridades electas y contempla escenarios como enfermedades graves, mentales y adicciones que limiten el ejercicio del cargo.
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A criterio de Barral, la falta de mecanismos para evaluar la capacidad de las autoridades de los tres niveles del Estado podría generar un vacío en la institucionalidad democrática.
La propuesta también incorpora la figura de “impedimento moral”, sustentada en los principios ético-morales señalados en la Constitución, que obligan a las autoridades a regir su conducta bajo esos valores.
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Como ejemplo, Barral mencionó que si alguna autoridad está vinculada a hechos de corrupción y existen las pruebas e indicios suficientes para presumir su responsabilidad, el ente deliberante respectivo podría invocar la propuesta para discutir una moción de vacancia por “incapacidad moral”.
Este tipo de mecanismo de control político está establecido en países como Perú, donde el Congreso puede debatir la permanencia del jefe de Estado, bajo la figura de «incapacidad moral permanente», un concepto interpretado políticamente en la Constitución del país vecino.
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Asimismo, en la figura de “incapacidad psicológica”, explicó Barral, el accionante deberá presentar pruebas médicas e informes certificados que avalen la invalidez mental de la autoridad electa, para solicitar la moción de vacancia.
Barral agregó que la propuesta busca evitar escenarios que generen riesgos en la gobernabilidad y mencionó, como ejemplo, las tensiones entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara.
Finalmente, reconoció que el documento podría ser modificado durante su tratamiento en las comisiones del órgano Legislativo o, en el peor de los casos, ser rechazado.